PSOE, PP, PNV, ER-IU-ICV y BNG se mostraron a favor de la propuesta en la fijación de posiciones del debate, y la calificaron de "oportuna".

El portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macias, defendió la propuesta y destacó la necesidad de una "regulación mejor" del mercado del alquiler "para no dar favores ni al arrendatario ni al arrendador".

Macias, quien dijo que es "ya urgente" aprobar esta iniciativa, señaló que pese al "gran stock de pisos" que existe en la actualidad, "hay una creciente cantidad de personas que no tienen cumplido su constitucional derecho" de una vivienda digna.

En la fijación de posiciones, la diputada del PSOE Carmen Juanes mostró el apoyo de su grupo a la propuesta de CiU porque "coincide" con los "compromisos adquiridos" por el Gobierno para "potenciar" el mercado del alquiler.

Juanes señaló que las propuestas de CiU están recogidas en el borrador del proyecto de Ley de Medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios que ha preparado el Ministerio de Vivienda. Por ello, abogó por tramitar esta propuesta acumulada o subsumida con el proyecto del Gobierno para "mejorar" el mismo.

Desde los bancos del PP, el diputado Vicente Ferrer, señaló que mostrarán su apoyo a la propuesta porque dijo su grupo está "firmemente ligada a sus convicciones", y recordó que esta iniciativa es "plenamente coincidente con las políticas que prevé el programa electoral" de su formación.

Ferrer aprovechó la tribuna para recordar que en el anterior periodo de sesiones el PSOE se opuso de forma rotunda a propuestas prácticamente iguales a las que hoy apoya. OPORTUNA

El diputado del PNV Emilio Olabarría consideró que es una iniciativa "muy oportuna", pues se preguntó cómo un propietario se atreve a alquilar su piso dada la "complejidad de los procedimiento para lanzar de la misma a los morosos".

Olabarría señaló que hay personas morosas de profesión "estructuradas en organizaciones", lo que provoca que "los que sí alquilarían en condiciones normales un piso sean reticentes".

El diputado de ER-IU-ICV Joan Ridao también se mostró favorable porque la Ley de Arrendamientos Urbanos es "desincentivadora" y "muy intervencionista", ya que "favorece más a los inquilinos que a los propietarios".

Además, consideró necesario "desplegar toda la potencialidad que tiene la Ley de Enjuiciamiento Civil". En todo caso, consideró que las propuestas de CiU serían "insuficientes si no van acompañadas de otras mejoras".MÁS GARANTÍAS

La propuesta de CiU apuesta por establecer un mecanismo rápido y eficaz de protección para los arrendadores que alquilan un inmueble a fin de que se les dé más garantías de cobro de la renta.

En aquellos casos de impago, propone que se posibilite un desahucio inmediato para dotar de mayor seguridad al arrendador y facilitar que movilice un inmueble hacia el mercado de alquiler.

Por otro lado, pretende proteger a aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad que no disponen de recursos económicos y se ven desahuciados.

En concreto, la iniciativa de CiU pide a la Administración pública que desarrolla una política social que proteja a aquellas personas que se ven forzadas a abandonar una finca arrendada debido a que no puede hacer frente al pago de la renta al no disponer de recursos.

Para que se ofrezca esta protección, CiU insta al Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, un Proyecto de Ley por el que se creará un Fondo de ayudas destinadas a subvenir el impago de las rentas de alquiler de vivienda habitual para personas en situación de alta vulnerabilidad social y víctimas de acoso inmobiliario.