En línea con el Cermi, la PMP advirtió que, sin un enfoque claramente social, Europa corre el riesgo de desplazar sus prioridades hacia dimensiones exclusivamente económicas que dejarían en un segundo plano la cohesión, la inclusión y los derechos de las personas. Esta falta de equilibrio tendría un impacto negativo directo en el modelo social europeo y en instrumentos esenciales como el Fondo Social Europeo, fundamentales para garantizar igualdad de oportunidades y apoyo a los colectivos más vulnerables.

En primer lugar, la Plataforma insistió en reclamar a los poderes públicos una serie de medidas pendientes y configurables como nuevos derechos, principalmente la mejora de la accesibilidad en pueblos, ciudades, vivienda y transporte público. En este sentido, hizo suyas las reclamaciones del Cermi que urgen a abordar la reforma de la legislación vigente en materia de vivienda y la incorporación de la accesibilidad en todos los planes públicos de rehabilitación y adecuación de viviendas.

Según datos recopilados por el Cermi, casi el 70% de los hogares españoles no reúne condiciones de accesibilidad, por este motivo, la PMP urgió a abordar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, de manera que las obras de accesibilidad sean obligatorias. Además, propuso la regulación de fórmulas habitacionales innovadoras, como las viviendas colaborativas, y el despliegue definitivo de las estrategias de desinstitucionalización que permitan a las personas mayores vivir de forma independiente en la comunidad.

Por otra parte, al igual que el Cermi, la PMP reclamó que la fiscalidad funcione como herramienta de inclusión para las personas con discapacidad mayores, animando a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a reforzar la fiscalidad inclusiva mediante deducciones y bonificaciones. Por ejemplo, los ayuntamientos pueden ejercer un papel activo introduciendo exenciones o reducciones por razones sociales en sus ordenanzas fiscales, como puede ser el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Finalmente, la Plataforma instó a los poderes públicos a fomentar la autonomía, el respeto y la dignidad de las personas mayores con discapacidad, asegurando marcos participativos, normativos y presupuestarios suficientes, porque la discapacidad “no debe ser un castigo, sino un elemento de diversidad humana bien entendido y atendido”. En palabras de su presidente, Jesús Norberto Fernández, “desde la PMP reafirmamos que una Europa social fuerte es la única Europa posible; reclamamos políticas que garanticen autonomía, dignidad y derechos”. “Si avanzamos juntos, nadie quedará atrás, y solo entonces podremos decir que hemos construido una sociedad verdaderamente inclusiva”, concluyó Fernández.