Así lo indicó en el diálogo organizado por Servimedia 'Vivienda y personas mayores: accesibilidad y permanencia en el entorno', en el que también participaron la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio; la arquitecta del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat) del Imserso, Nieves Peinado, y el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda, Anselmo Menéndez.

Fernández apuntó que en muchas ocasiones la persona mayor pierde el poder de decisión ante un “tsunami” de “gentrificación” en zonas céntricas de grandes ciudades, barrios “tensionados” o la compra por parte de grupos o inversores “extranjeros” de edificios en estos barrios.

Ante esa situación, muchas personas pueden verse “empujadas” a dejar las viviendas, en ocasiones de renta antigua. En respuesta, reclamó “una política muy firme y coordinada” entre los servicios sociales y los responsables de vivienda para que “no vivan en los últimos momentos de su vida ante una situación de vulnerabilidad”.

El presidente de la PMP se mostró preocupado, sobre todo, cuando estas situaciones desembocan en desahucios. Reconoció que la Ley de Vivienda protege “adecuadamente”, pero “en parte” estas situaciones y reclamó “afinar mucho más las respuestas alternativas por los servicios sociales para cuando estos lanzamientos se produzcan”.

Además, comentó que estas situaciones van a aumentar porque las generaciones que vienen por detrás viven en menor porcentaje en una vivienda en propiedad y más en alquiler. “Todo eso va a cambiar”, indicó.

Por otro lado, Barrio pidió “claridad en las normas”, ya que existen “casi siete regímenes distintos” en cuanto a la duración de los contratos de alquiler y “seguridad jurídica” tanto para el propietario como para el inquilino.

CASO MARI CARMEN

Como ejemplo de esta situación se mencionó el caso de Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años que vive en su casa en el barrio de Retiro hace 56 años y que tiene una orden de desahucio por no poder pagar un alquiler un 275% más alto que el actual después de que el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones comprase el bloque en 2018.

Fernández señaló que, ante casos así, deberían “desencadenarse todos los mecanismos legales” derivados de la Ley de Vivienda porque es la norma que “atempera estos momentos tan complicados”. Pidió, además, la actuación “proactiva y decidida” de los servicios sociales del Ayuntamiento, en este caso, el de Madrid.

Por su parte, Barrio subrayó la necesidad de “garantizar la seguridad jurídica de las personas, especialmente en situaciones así” y explicó que en España es necesario crear una “cultura del alquiler” en la que haya más transparencia y asesoramiento.

'COHOUSING'

El presidente de la PMP reclamó políticas que introduzcan “nuevas soluciones” para la vivienda a distintos tipos de colectivos. “Busquemos y promovamos fórmulas de convivencia”, dijo en referencia a la fórmula 'cohousing' o viviendas colaborativas, en la que los mayores mantienen su privacidad, pero existen espacios comunes.

Fernández lamentó que todavía hay “muy pocas experiencias” y criticó que no hay normativa “suficiente”, ya que a la ausencia de una norma estatal también se suma que solo algunas comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, la de Madrid o Asturias tengan normas al respecto.

Desde el Ceapat, Peinado indicó que asesoran a personas que se juntan para lograr este tipo de convivencias, que consideró muy “positivas” y que resuelven “muchos problemas”, siempre que no se olviden de la accesibilidad o que incluyan servicios que existen ya fuera de estas comunidades.

El actual Plan Estatal de Vivienda prorroga un año los plazos de actuación del programa del plan anterior, cuyo fin era el fomento de la vivienda cooperativa en cesión de uso y otras soluciones residenciales como el modelo 'cohousing', alojamientos temporales u otras modalidades similares.

En concreto, el programa concede una ayuda proporcional a la superficie útil, tanto privativa del alojamiento o vivienda como de espacios comunes y de interrelación, de hasta un máximo de 420 euros por metro cuadrado de superficie útil. La cuantía máxima de esta subvención, en conjunto, no puede superar el 50 % de la inversión, con un límite máximo de 50.000 euros por vivienda.