Así, como entidad de la que forman parte más de 2.000.000 personas con discapacidad mayores, la PMP manifestó su apoyo absoluto a la reforma, dado que, tal y como declaró el Cermi, no solo supone desterrar del texto constitucional una "terminología hiriente que desconsideraba y ofendía a las personas con discapacidad", un 10% de la población, "sino que ancla en nuestra norma fundamental el enfoque derechos humanos, el único admisible para abordar la realidad de esta parte de la ciudadanía”.

La primera reforma social de la Constitución que, tanto desde PMP como desde el Cermi, “confían que sea muy pronto un hecho”, obedece "a una demanda firme y sostenida del movimiento cívico de la discapacidad, de casi veinte años, que cuenta con un amplísimo consenso social, que ahora por fin está a punto de trasladarse al plano político y normativo".

Asimismo, la PMP también coincidió con el Cermi en manifestar que “esta reforma debe centrarse única y exclusivamente en esta cuestión, de enorme importancia por sí misma, que entendemos como un avance de país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España”.