Entre las medidas que propone la PMP, destaca la necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.

Por su parte, Ángel Gabilondo, quien para la PMP mostró “una especial receptividad” y un “alto interés” ante sus demandas, manifestó su “firme compromiso” con la defensa de los derechos de los ciudadanos, al tiempo que informó a la PMP de que se ha dirigido al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para exponerle este problema, y que “está a la espera de una respuesta”.

Para la PMP, “hay que abordar este asunto con urgencia al tratarse de un problema muy real y que afecta a una parte muy importante y muy vulnerable de la población, tanto en las ciudades como muy especialmente en el mundo rural”. Según su opinión, “es muy importante que se produzca un cambio normativo y un pronunciamiento en el Congreso de los Diputados que ofrezca soluciones lo más inmediatas posible”.

La puesta en marcha en el sector bancario “de forma inmediata” de medidas de atención directa a las personas mayores, la sencillez y accesibilidad en los cajeros automáticos, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, son algunas de las demandas planteadas por la PMP en relación a la exclusión financiera.