Desde la Plataforma entienden que el proceso de transformación digital de la sociedad “es inevitable y no tiene por qué ser perjudicial”. Al contrario, según expone, las nuevas herramientas tecnológicas “pueden suponer un empoderamiento para el colectivo de las personas mayores, ya que han demostrado su eficacia combatiendo problemas como la soledad no deseada o el deterioro cognitivo, contribuyendo de esta manera a un envejecimiento más saludable”.

No obstante, la PMP considera que los servicios digitales “no han de imponerse obligatoriamente” y que, para proteger los derechos de las personas mayores más vulnerables, “es necesario establecer un periodo de transición en la inevitable digitalización de la sociedad, el cual requiere la coexistencia de la atención presencial y los servicios 'online', aunque sea temporalmente”.

A este respecto, la PMP viene manteniendo en la actualidad una serie de encuentros con representantes de las administraciones públicas ante los que pone de manifiesto los múltiples obstáculos que supone para el colectivo que representa la repentina digitalización de las gestiones en diferentes organismos. Además, también les está trasladando su “especial preocupación”, precisamente, por las dificultades existentes en términos de accesibilidad, usabilidad y estándares técnicos.

Asimismo, la Plataforma también está demandando a la administración la necesidad de un “ambicioso” plan de formación y capacitación digital de la ciudadanía que preste “especial atención” a los colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión digital, como las personas mayores, los habitantes de zonas no urbanas que no están muy bien comunicadas o las familias con bajo nivel de renta o que no poseen dispositivos electrónicos ni conectividad.