El PNV reconoció este martes que mantuvo reuniones con el Gobierno sobre la situación de la empresa Tubos Reunidos, a la que el Ejecutivo concedió un rescate de 112 millones, pero se desmarcó de cualquier trama de corrupción, como insinúa el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación al ‘caso Leire’. La sede de la empresa fue registrada por los agentes a principios de este mes.