Así lo subrayó la entidad en un comunicado en el que explicó que esta situación “se produce en un contexto en el que la pobreza y la exclusión social se mantienen entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, tal y como reflejan las últimas encuestas del Eurobarómetro”. De acuerdo con el ‘XV Informe El Estado de la Pobreza en España’, más de 12,5 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, una tasa que no ha descendido del 25% en la última década.

EAPN-ES alertó de que los avances registrados en políticas sociales en los últimos años no están siendo suficientes para proteger a la población en situación más extrema. En este sentido, 4,1 millones de personas viven en hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes por unidad de consumo, una realidad que impacta de forma directa y especialmente grave en la infancia.

La Red advierte de que el aumento del coste de la vida, la crisis de acceso a la vivienda y la persistencia de un mercado laboral precarizado están obligando a muchas familias con menores a recortar en bienes básicos, como alimentación de calidad o productos esenciales para bebés, tal y como recoge el informe ‘La cesta de la compra de familias en riesgo de pobreza y exclusión social’.

El informe constata además que el crecimiento económico no está reduciendo la desigualdad de manera proporcional. Según el capítulo dedicado a pobreza y territorio, el aumento del PIB y la creación de empleo en las comunidades autónomas no se traducen en una mejora equivalente de los indicadores sociales. Regiones con elevados niveles de renta y PIB per cápita, como la Comunidad de Madrid, presentan al mismo tiempo altos niveles de desigualdad, con una brecha de 5,5 veces entre lo que ganan el 20% más rico y el 20% más pobre de la población.

Ante este escenario, EAPN-ES señala que 2026 debe ser un punto de inflexión y urge a las formaciones políticas a desbloquear y aprobar el Pacto de Estado contra la Pobreza, actualmente paralizado en el Congreso. La iniciativa plantea medidas para garantizar ingresos dignos en todas las etapas de la vida, entre ellas una prestación universal por crianza, así como el acceso a una vivienda adecuada, empleo de calidad, educación inclusiva y políticas de cuidados y corresponsabilidad.

Este Pacto se sumaría a la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, aprobada por el Gobierno hace un año y que, según la entidad, continúa sin contar con la dotación presupuestaria necesaria para garantizar condiciones de vida dignas a millones de personas.

De cara a 2026, la Red sitúa también como prioridad la lucha contra la aporofobia y el impulso de una futura Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza, anunciada por la Comisión Europea, que deberá contar con consenso político, financiación suficiente y la participación activa de las personas afectadas para avanzar hacia una sociedad más cohesionada que no deje a nadie atrás.