Así lo concretó este miércoles el portavoz de la Ejecutiva del partido, Pablo Fernández, en una entrevista en Radiocable recogida por Servimedia, en la que detalló lo que ya ayer advirtió la secretaria general, Ione Belarra, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados: que aquél "era un texto con un amplísimo sesgo racista" y que Podemos nunca iba a "respaldar un proyecto racista, ni antes ni ahora".

Hoy, Fernández reiteró que su partido siempre ha "abogado por el autogobierno y por que se pudiesen ceder competencias", pero que no quería "que hubiese elementos o sesgos racistas en en esa transferencia de de competencias". Por eso, continuó, exigía acometer primero la regularización extraordinaria cuya tramitación de urgencia ayer aprobó el Consejo de Ministros tras pactarla con Podemos y ahora se sentaría a negociar la cesión "siempre y cuando se eliminen todos los sesgos y todos los elementos racistas que contenía esa propuesta".

Llamado a concretar, cosa que no hizo ayer Belarra en su rueda de prensa, Fernández apuntó que "la exposición de motivos de ese acuerdo entre el PSOE y Junts era directamente xenófoba", porque "hablaba de que las personas migrantes podían saturar los servicios públicos en Cataluña, constituir un problema para la convivencia en Cataluña....; es decir, había determinadas aseveraciones incardinadas en el texto, especialmente en la exposición de motivos, que eran directa y abiertamente racistas".

EL TEXTO POLÉMICO

La exposición de motivos de aquella proposición, registrada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 14 de marzo de 2025 y consultada por Servimedia, rezaba literalmente respecto a la inmigración que "el impacto sobre la sociedad es transversal, tocando diferentes ámbitos de la misma como el ámbito educativo, el sanitario, el de los servicios sociales, el de las infraestructuras, el de vivienda o los usos de espacios públicos, entre otros".

"Y si bien, por un lado, aumentan los ingresos públicos derivados de las rentas del trabajo de las personas migrantes, del incremento del consumo y de los beneficios empresariales por la mayor competitividad de nuestras empresas, la migración también incrementa las necesidades en todos estos ámbitos", matiza la exposición de motivos.

"Encontrar el equilibrio es necesario para asegurar la cohesión social y la sostenibilidad a largo plazo. La responsabilidad de los gobiernos no consiste solo en atender estas necesidades de manera sostenible, sino también en evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social", exponía aquel texto, alertando de que "alimentado en ocasiones por la desinformación y los bulos", lo "pueden aprovechar las ideologías radicales de distinto signo".

En cuanto al hecho de que la regularización se vaya a llevar a cabo por decreto, sin pasar por el Congreso, Fernández primero lo utilizó para reafirmar que Podemos siempre dijo que "se podía llevar a cabo" y "dependía única y exclusivamente de la voluntad política del Gobierno, que no tenía y que hemos conseguido arrancar desde Podemos".

Seguidamente, admitió que un eventual Gobierno de PP y Vox podría "dar marcha atrás" a la regularización, pero reivindicó. "Lo que no se puede hacer es no llevar medidas que supongan avances, que supongan mejoras y que supongan garantizar derechos a las personas por miedo a que un futuro Gobierno las pueda revertir en su día".