Así consta en la iniciativa, que, consultada por Servimedia, se tituló oficialmente 'Proposición de ley orgánica de delegación en la comunidad autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración', se registró en el Congreso de los Diputados el 4 de marzo de 2025, y se publicó en el Boletín de las Cortes Generales el 14 de marzo.

Podemos, con su voto en contra junto a los del PP y Vox tumbó la toma en consideración de la proposición de ley el pasado 23 de septiembre y ha advertido de que, aunque está dispuesto a negociar su apoyo tras haber logrado del PSOE la promesa de regularización de más de medio millón de inmigrantes, no votará a favor si no se modifican algunas frases del texto.

La exposición de motivos comienza afirmando que "el fenómeno migratorio impacta de lleno en las sociedades europeas y conlleva cambios y transformaciones para los cuales los Gobiernos han de estar siempre preparados, y afrontarlo de manera responsable". Por un lado, reconoce las causas de los movimientos migratorios, que han existido en todas las épocas y muchas veces los han protagonizado europeos, y en la actualidad sus beneficios económicos para España.

No obstante, después afirma que "la migración también incrementa las necesidades"", por lo cual "encontrar el equilibrio es necesario para asegurar la cohesión social y la sostenibilidad a largo plazo", y los gobiernos deben atender dichas necesidades y "evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social; un riesgo, alimentado en ocasiones por la desinformación y los bulos, que pueden aprovechar las ideologías radicales de distinto signo".

En particular sobre Cataluña, el texto puntualiza que "uno de los territorios donde se ha producido el cambio más grande y donde las necesidades a atender se han multiplicado es el de Catalunya [sic, en catalán]", mencionando "el impacto que representa para la lengua catalana", si bien añade que "no es un fenómeno nuevo, porque Catalunya siempre ha sido un territorio fronterizo que ha acogido a mucha población procedente de fuera y ha tenido la capacidad de integrar a la catalanidad a estos recién llegados ofreciéndoles un futuro mejor".

Al reclamar para la Generalitat las competencias sobre inmigración y los recursos necesarios, el preámbulo de la iniciativa insiste en que "no disponer de ellos va en detrimento del bienestar de la sociedad que acoge", aunque también "del desarrollo personal y profesional de todas las personas que llegan, muy especialmente de las más vulnerables".

Los últimos párrafos de la exposición de motivos incluyen connotaciones igualmente dudosas sobre la naturaleza y actitud de los inmigrantes, puesto que abogan por "el establecimiento de una serie de derechos inclusivos, pero también de unos deberes claros, tanto por parte de las personas que llegan a nuestra tierra como por parte de la sociedad catalana que los acoge".

Así, reclama un "compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad", que, aparte de proteger a los inmigrantes de cualquier vulneración de sus derechos, sirva también para "proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura" e "integre una serie de valores ligados a la convivencia, el trabajo, el esfuerzo, la educación o la igualdad de género, entre muchos otros".