Según precisó la formación de Ione Belarra, el partido aboga por elevar por Ley las cuantías de las prestaciones económicas reconocidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y, además, “vincularlo al SMI, para que puedan estar siempre actualizadas”.

En paralelo, exige “flexibilizar” los requisitos para poder acogerse al Grado III+ de dependencia, lo cual, a su juicio, “implica mayor rapidez en la asignación de recursos y una mayor prestación económica, creado con la Ley del ELA”.

“Con esta enmienda, además de los pacientes de ELA, podrá llegar a pacientes con una evolución similar”, apostilló.

A su vez, Podemos propone “desprivatizar” la prestación de servicios reconocidos en la Ley 39/2006, estableciendo que todos los servicios de atención al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia “deberán prestarse por entidades públicas”.

El proyecto de Ley será sometido a debate y votación en el Pleno del Congreso y el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de julio en segunda vuelta a instancias del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que pretende dar luz verde a la reforma antes de verano, incluye nuevos servicios en el catálogo, como cuidados y apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa.

Además, se servirán, mediante préstamo o cesión temporal, productos de apoyo que mejoren la autonomía y se ofrecerán servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.

Asimismo, otra novedad incorporada ha sido el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente y se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas.

El nuevo texto de este proyecto de ley introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación transitoria o un servicio transitorio que “se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado”, según el ministerio.

AYUDA A DOMICILIO

Esta reforma legislativa incluye también una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario.

En la misma línea, la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del sistema y reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, al tiempo que se eleva a rango de ley su carácter complementario y se amplía su ámbito de aplicación más allá del domicilio.

NUEVOS DERECHOS

Las personas en situación de dependencia tendrán derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciban y tendrán garantizado su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Según informó en su día el ministerio, otro derecho importante que recoge esta reforma es el de garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias y en ella se establecerán las bases para que los gobiernos autonómicos implementen procedimientos de coordinación entre sus servicios sanitarios y sociales.

Otra de las novedades que incorpora el proyecto de ley ha sido la incorporación de un artículo específico sobre la calidad en los empleos de los cuidados y la reforma de las leyes también contiene medidas destinadas a agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad, como el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia, la facilitación para que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tengan una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad o la posibilidad de solicitar una valoración individualizada de la discapacidad para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.

También se establece un procedimiento de urgencia para que las personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder a los servicios y prestaciones con mayor prontitud y se recoge que el tiempo de espera será el segundo criterio de prioridad en el acceso a servicios del SAAD tras el criterio de capacidad económica.

Según el ministerio, la reforma del SAAD incorpora una “novedad clave” para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral, como es el hecho de que a partir de ahora es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema.

En el ámbito de la discapacidad, la nueva ley estipula la accesibilidad universal como reivindicable ante cualquier instancia y para ello se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias y el proyecto incluye, además, una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita.

El desarrollo de la IA también se vigilará para eliminar sesgos discriminatorios que puedan afectar a las personas con discapacidad, a las que también se designará como grupo social de interés preferente para el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.