Así lo explicó Belarra tras la presentación de la iniciativa en el Congreso, cuando denunció también denunció que Fallarás y otras profesionales sufren una “campaña de acoso” con “fines lucrativos”, que forma parte de la “ofensiva reaccionaria machista” de la extrema derecha contra la libertad sexual de las mujeres.

Fallarás ha sido objeto de un “señalamiento público” desde Vox, ya que, recientemente, impulsó una página web en la que se utiliza la imagen de la periodista sin su consentimiento e incita a sus seguidores a denunciarla por un supuesto “delito de odio”, además de recabar datos personales y captar afiliaciones.

De este modo, la propuesta registrada para su tramitación ante la Comisión de Igualdad instaría al Gobierno a incorporar de forma explícita la violencia política de género en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; a crear el citado protocolo contra esta violencia y promover campañas públicas de sensibilización sobre el impacto de la violencia política contra las mujeres.

Asó como a explorar la incorporación de medidas legislativas para sancionar y prevenir este tipo de violencia, fortalecer el Observatorio Estatal de Violencia contra las Mujeres con un módulo específico sobre violencia política y digital y condenar “rotundamente” las campañas de acoso contra periodistas, políticas, y activistas feministas y expresar su apoyo a Fallarás son otras de las peticiones de esta incisiva hacia el Ejecutivo.

Igualmente, Belarra señaló que otras profesionales como Marina Lobo, Laura Arroyo o Sarah Santaolalla también están siendo “amenazadas de muerte” frente a una “indiferencia institucional”, y denunció que, con estas campañas, se busca que las mujeres piensen “que no hay una buena forma de ser víctima”.

En su caso, Fallarás, tras el registro de la iniciativa, subrayó el impacto del “odio rentable”, refiriéndose a que hay hombres que arremeten contra las mujeres en redes sociales, por ejemplo, porque les sale “rentable”.

También recalcó que la campaña de Vox contra ella no es un hecho “aislado” ni “ideológico”, sino que es “lucrativo” porque Vox “gana dinero y afiliados señalando a periodistas feministas”. Denunció que ningún otro partido político español ni ningún estamento del Estado como, por ejemplo, la Fiscalía, ha condenado dicho acoso.