La Delegación detalló que el dispositivo estuvo integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, con la participación de bomberos y servicios sociales. El organismo destacó la coordinación entre los cuerpos y agradeció la "profesionalidad" de los intervinientes en una actuación que se guió por los principios de "oportunidad, congruencia y proporcionalidad".

La intervención, según la Delegación del Gobierno, culmina un "proceso de actuación gradual" desarrollado desde el inicio de la acampada, el 26 de septiembre. La Delegación explicó que, en un primer momento, entendió que la permanencia en la plaza quedaba amparada por el derecho de reunión, "al concurrir una pluralidad organizada de personas con una finalidad reivindicativa común y con el propósito de dirigir su mensaje a los poderes públicos y a la opinión pública". Por ello, reconoce que solicitó "a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que garantizara su ejercicio pacífico".

En paralelo se realizó una "evaluación continuada" para conciliar este derecho con la seguridad y el uso común del espacio público, priorizando la interlocución y la retirada voluntaria. Todo ello, según el Gobierno con "asesoramiento jurídico e informació policial actualizada". También se mantuvo el contacto inicialmente con el Sindicato de Inquilinas y después con "quienes se identificaron como interlocutores de las personas acampadas".

COMUNICACIONES ENTRE DELEGACIÓN Y ACAMPADOS

En este marco el 26 de octubre, el entonces delegado del Gobierno, Francisco Martín, remitió un escrito a los acampados informándoles de que había transcurrido un tiempo "razonable" y que la naturaleza de la acampada había cambiado, con la retirada de organizaciones y la presencia de personas sin hogar, perdiendo su "objetivo inicial". Tres días después, el 29 de octubre, la nueva delegada, Pilar Trinidad, exigió en un segundo escrito el desmantelamiento "a la mayor brevedad".

Finalmente, el 30 de octubre, los interlocutores de la acampada comunicaron la disolución de sus comisiones, pero algunas personas se negaron a retirarse. Ante la persistencia de las instalaciones, la comunicación de "diversos hechos presuntamente delictivos" y "alteraciones del orden público", la Delegación consideró necesario proceder al desalojo como "último recurso" para restablecer la normalidad.

La Delegación se ampara además en la llamada 'ley mordaza' para defender su actuación. "Establece que las medidas de intervención en reuniones y manifestaciones deben ser graduales y proporcionadas a las circunstancias y que su disolución constituye el último recurso". Por su parte, aluden a la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión, que contempla la suspensión y, en su caso, la disolución cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. Conforme a este marco, la Delegación dio "prioridad a la interlocución, a la retirada voluntaria de las instalaciones y a la adopción de medidas concretas para corregir los riesgos detectados, valorando cada actuación de acuerdo con las circunstancias existentes en cada momento".

"ANSIAS DE PALOS"

En imágenes del operativo difundidas por Jupol se puede observar a la Policía Nacional desalojando el lugar de forma ordenada mientras algunos acampados llamaban a "resistir". Hasta el lugar también se desplazaron los servicios municipales de limpieza. Junto al vídeo en sus redes sociales Jupol dio la enhorabuena a los agentes participantes y esperó que"el desalojo llega demasiado tarde y, a estas alturas, parece responder más a intereses políticos y a la necesidad de desviar la atención mediática que a una verdadera voluntad de actuar".

El exdelegado del Gobierno Francisco Martín reaccionó poco después en sus redes sociales y señaló que "frente a los hiperventilados con tantas ansias de palos como poco respeto a los derechos fundamentales" se ha impuesto la "responsabilidad y legalidad". "Gracias y enhorabuena a quienes, desde el principio, han colaborado para una gestión de la protesta de forma legal, racional y pacífica", zanjó.

Martín abandonó su cargo en un momento de máxima tensión con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid precisamente por este asunto. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamaron en numerosas ocasiones el desalojo y denunciaron desde el 26 de septiembre la inacción de la Delegación del Gobierno ante la instalación de la acampada en Sol.

Ayuso finalmente optó por la vía judicial y el viernes pasado anunció una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno por presunta "prevaricación" y "omisión del deber de perseguir delitos.

TENSIÓN

El Ayuntamiento por su parte ha remitido diversos escritos a la Delegación en las últimas semanas alertando de las distintas situaciones que se estaban produciendo a consecuencia de la acampada como el riesgo de avalanchas si había que desalojar la plaza; la pérdida de negocio de los comercios locales; el ataque a la Comisaría de Policía Municipal de Montera; la vandalización de monumentos; y la imposibilidad de retirar los toldos de la Puerta del Sol entre otras cuestiones. La tensión entre instituciones aumentó especialmente tras producirse una agresión sexual en el interior de una de las tiendas de la acampada.

Tras la dimisión de Martín, el Ayuntamiento esperaba que la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, desalojara la acampada. Ya el jueves la vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, afirmó que esperaba poder mantener una conversación con la delegada a lo largo del día, para hablar precisamente sobre la acampada.