Fuentes municipales de Llodio informaron a Servimedia de que laPolicía local sabe quiénes son algunas de estas personas, algo que puede servir al PP para presentar la denuncia que ha anunciado contra el partido de Arnaldo Otegi.

La formación popular, a través de su diputado autonómico Santiago Abascal, anunció a comienzos de esta semana que presentaría una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por entender que colocar este tipo de carteles es delictivo.

Abascal hizo referencia a que el juez Baltasar Garzón estimó en 2001 que este tipo de campañas contra concejales suponen colaborar con ETA. Esto llevó al juez imputar por esta conducta y otros delitos a miembros del colectivo Gestoras pro Amnistía.

En un auto entonces, Garzón afirmó que Gestoras se encargaba desde 1994 de "señalar" a los que consideran responsables de la situación de los presos de ETA "convirtiéndolos en posibles objetivos de esta organización".

Entre los objetivos de este señalamiento figuraban concejales del PP, Unidad Alavesa, UPN y PSE-PSOE. En este sentido, Garzón destacó especialmente el caso del concejal del PP en Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa, que fue asesinado por ETA en abril de 2000 "tras ser reiteradamente señalado por un miembro y responsable de Gestoras", así como otro del colectivo Senideak.