Así se desprende de una respuesta parlamentaria por escrito del Gobierno a las diputadas de Sumar Tesh Sidi y Alda Recas, quienes el pasado 10 de abril registraron varias preguntas en el Congreso en este sentido, bajo la idea de que existen “prácticas de perfilamiento racial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en estas actuaciones.

Y es que, apuntaban, según datos de organizaciones como SOS Racismo, “el racismo policial representó en 2025 el 12,81% del total de casos de discriminación registrados”, añadiendo al respecto que distintos estudios señalan que “las personas extranjeras o racializadas tienen entre tres y siete veces más probabilidades de ser identificadas por la Policía que las personas de nacionalidad española, incluso en ausencia de indicios objetivos de infracción”.

Por ello, solicitaban del Ejecutivo una serie de datos, empezando por el número de identificaciones policiales realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el 1 de enero de 2025, “desglosadas por territorio, nacionalidad de la persona identificada, motivo de la identificación y resultado de la actuación”. También, “cuántas detenciones y propuestas de sanción se han derivado de dichas identificaciones”, el “número de actuaciones policiales que han implicado la identificación múltiple de personas o controles intensivos de población” y cuántas “actuaciones disciplinarias se han iniciado en el seno de la Policía Nacional en relación con posibles prácticas de perfilamiento racial derivadas de denuncias presentadas”.

Al respecto, el Gobierno registró su respuesta, a la que ha tenido acceso Servimedia, el pasado 14 de mayo, aportando datos del total de identificaciones durante 2025 y desglosadas únicamente por comunidades autónomas y provincias. Porque, añade, en el Sistema Estadístico de Criminalidad “no existen variables que permitan concretar” el resto de “cuestiones requeridas” por parte de las diputadas de Sumar. Todo, según marca la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Una norma que en su artículo 16 señala que “en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas”, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán “requerir la identificación de las personas” en dos supuestos: “Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción” o “cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”.

COMUNIDADES Y PROVINCIAS

Así, según el desglose que aporta, el pasado año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaron a cabo un total de 14.302 identificaciones, con la Comunidad Valenciana y Andalucía como las regiones con más casos, con 3.459 y 2.949, respectivamente.

Tras estas autonomías se sitúan Madrid, con 2.224 identificaciones, y Murcia, con 1.381. Por encima del millar de actuaciones de este tipo también están Cataluña (1.177), y Castilla y León (1.030).

Mientras, las autonomías en las que los agentes solicitaron menos identificaciones a los ciudadanos fueron Cantabria (91), La Rioja (127), Navarra (159) y Extremadura (166). En el caso de las ciudades autónomas, en Ceuta se reportaron 30 casos y en Melilla, 136.

En el caso de las provincias, en la que más identificaciones llevaron a cabo los agentes fue Madrid, con 2.224 requerimientos, seguida de Valencia (1.994), Alicante (1.390) y Murcia (1.381). Mientras, en las que los efectivos policiales solicitaron en menos ocasiones la documentación a los ciudadanos el pasado año fueron Vizcaya (siete), Lérida (13), Cuenca (25), Zamora (26) y Teruel (28).

"LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y NECESIDAD"

Asimismo, el Gobierno deja claro en su respuesta que estas identificaciones se rigen por los “principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad”, tal y como establece el artículo 16 de la citada norma, en el que se indica que "se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

En este sentido, se remite también a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que señala que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuarán “con absoluta neutralidad política e imparcialidad”, además de “sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión".

Y subrayan, al mismo tiempo, que la actuación de los agentes está sujeta a diversos mecanismos de control internos y externos (régimen disciplinario o Defensor del Pueblo, entre otros) y que reciben “formación específica en derechos humanos, igualdad de trato y lucha contra el racismo”.

Por último, en relación a cuántas actuaciones disciplinarias se habían iniciado en la Policía Nacional por “posibles prácticas de perfilamiento racial” y cuántas habían concluido con sanción, el Ejecutivo señala que “no consta expediente alguno motivado" por dichas prácticas "derivadas de denuncias presentadas en los años 2025 o 2026”.