Así lo ha manifestado este miércoles, la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar. La presidenta recordó que esta era una de las reivindicaciones históricas desde la POP.

“Era necesario la creación de una normativa que protegiese de la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas con enfermedades crónicas desde el momento en el que reciben el diagnóstico”, señaló.

Sin embargo, desde la entidad lo siguen considerando insuficiente “al no solucionar la falta de protección social que genera el impacto de una enfermad crónica y es necesario y urgente que se articulen medidas complementarias para proteger a las personas con enfermedades crónicas”.

Las enfermedades crónicas son patologías de larga duración, los síntomas que sufren las personas con enfermedades crónicas, impactan en su vida diaria tanto en su salud, como en otros ámbitos de su vida social, laboral, económica, familiar o educativa, también afecta en su salud mental, con frecuencia, las personas con enfermedad crónica suman a su diagnóstico ansiedad o depresión.

Por otro lado, desde la POP revelan que solo el 42% de las personas con enfermedad y dolor crónico no tiene reconocida una discapacidad, a pesar de que un 68% presenta problemas de movilidad y/o limitaciones funcionales. En un 70% el dolor crónico afecta en el rendimiento laboral y educativo.

“Las personas con enfermedades crónicas en España se enfrentan a barreras que impiden su inclusión e igualdad de oportunidades, requieren de una protección social que les permita una participación efectiva en la vida política, económica, cultural y laboral, que se tengan en cuenta la complejidad de su situación de salud, muchas veces invisible, para evitar su discriminación y estigmatización”, comentó Escobar.

Este nuevo baremo de valoración de la discapacidad supone un nuevo avance, la Plataforma considera como positivo el paso que se da, de un enfoque médico-rehabilitador de la discapacidad hacia una más consideración social, al tener en cuenta la necesaria participación de las personas con discapacidad en la sociedad y las barreras que se encuentran a la hora de ejercer este derecho. Además, destacan especialmente la posibilidad de realizar un trámite de urgencia por causas humanitarias o de especial necesidad social o de salud, que incluye a las víctimas de zonas en guerra y a las personas con enfermedades degenerativas, entre otras.