Esta reforma legislativa emprendida por el Ejecutivo pretende actualizar el marco normativo vigente para adecuarlo a los retos actuales del sistema sanitario y a los cambios regulatorios europeos. Según su exposición de motivos, la norma aspira a “reforzar la calidad, seguridad y sostenibilidad del sistema”.

La POP explicó en un comunicado que valora “que se aborden estos aspectos estructurales, así como que se reconozca la necesidad de reforzar la autonomía de los y las pacientes”. Sin embargo, indicó que debería “profundizar en los derechos y las necesidades de los y las pacientes presentes y futuras”.

A su juicio, “es fundamental que se concreten y se garantice el desarrollo de la norma en reglamentos específicos, ya que tal y como están descritos en ese anteproyecto de ley genera mucha incertidumbre sobre la aplicación real de los derechos que quiere proteger”.

Por ello, sus alegaciones reclaman una “participación estructurada y efectiva de las organizaciones de pacientes” al entender que limitar su representación para “designar únicamente a una persona individual sin conexión con entidades representativas puede derivar en una participación simbólica, aislada o sin mecanismos claros de rendición de cuentas”.

EXIGEN MEDICAMENTOS ACCESIBLES

La POP explicó en un comunicado que valora "que se aborden estos aspectos estructurales, así como que se reconozca la necesidad de reforzar la autonomía de los y las pacientes". Sin embargo, indicó que debería "profundizar en los derechos y las necesidades de los y las pacientes presentes y futuras".

A su juicio, "es fundamental que se concreten y se garantice el desarrollo de la norma en reglamentos específicos, ya que tal y como están descritos en ese anteproyecto de ley genera mucha incertidumbre sobre la aplicación real de los derechos que quiere proteger".

Por ello, sus alegaciones reclaman una "participación estructurada y efectiva de las organizaciones de pacientes" al entender que limitar su representación para "designar únicamente a una persona individual sin conexión con entidades representativas puede derivar en una participación simbólica, aislada o sin mecanismos claros de rendición de cuentas".

"REALIDAD PREOCUPANTE"

La POP plantea que las organizaciones de pacientes, estatales y legítimamente representativas, “sean incorporadas como miembros estructurales en órganos como los Comités de Ética, el Comité Asesor de Financiación o los Consejos Farmacoterapéuticos” dado que cuentan con experiencia, implantación territorial y capacidad de interlocución.

Sobre un acceso equitativo a tratamientos innovadores y en uso compasivo, apunta que las desigualdades territoriales en el acceso al uso compasivo de medicamentos son “una realidad preocupante” y pide “garantías de acceso homogéneo en todo el territorio nacional, con procedimientos ágiles y simplificados que minimicen la carga burocrática para pacientes y profesionales”.

“En enfermedades sin alternativa terapéutica, el tiempo es un factor crítico. La norma debe asumir que facilitar estos tratamientos no es una excepción, sino una obligación sanitaria y ética, que requieren de una coordinación y compromiso en todo el territorio nacional, implicando a las comunidades autónomas”, recalcó.

También solicita que se contemple expresamente la continuidad del tratamiento en pacientes que han demostrado beneficios clínicos con un fármaco en uso compasivo, aunque este no sea finalmente financiado. En estos casos, cree que “debe establecerse un procedimiento que garantice, la financiación de estos tratamientos y así evitar interrupciones que comprometan la evolución clínica de los pacientes”.

EXENCIÓN DE COPAGO

Para proteger a los pacientes frente al copago, la POP pide una revisión de los criterios de exención de copago, incluyendo a personas con cronicidad compleja y menores con enfermedades crónicas. Sobre todo, porque muchas exenciones dependen del reconocimiento de la discapacidad pero menos del 50% de las personas con cronicidad compleja tienen este reconocimiento.

También solicita que se habilite un sistema de reembolso retroactivo cuando la exención no se haya aplicado inicialmente por retrasos administrativos, derivados de la desigualdad en el acceso al certificado de discapacidad que sufren los pacientes en función de la comunidad en la que viven.

Para garantizar que los medicamentos tengan información accesible, la POP reivindicó el desarrollo de programas específicos de alfabetización sanitaria dirigidos a personas con enfermedades crónicas, sus familiares y personas cuidadoras, mediante materiales comprensibles, digitales y en papel. Además, lamentó que “la ley no especifica con claridad qué administración es responsable de esta función ni cómo se garantizará su continuidad”.

Otra de las preocupaciones de la plataforma es minimizar las consecuencias de desabastecimientos, para lo que plantea crear un sistema similar para notificar desabastecimientos de medicamentos, reforzando la trazabilidad y la acción anticipada de las autoridades sanitarias.

PRESCIPCIÓN DE MEDIAMENTOS

Uno de los puntos en los que la Plataforma incide más en sus alegaciones hace referencia a la prescripción de los medicamentos, de manera que “se establezca la doble mención del principio activo y el nombre comercial como norma general”.

“Consideramos prioritario reforzar el derecho del paciente a conocer con claridad qué medicamentos pueden ser sustituidos y en qué condiciones, exigiendo que la información sea suficiente, comprensible y accesible. Será necesaria una autorización expresa del paciente y una notificación al médico prescriptor para salvaguardar la seguridad del paciente”, esgrime.

En particular, cuestiona que pueda modificarse el medicamento por razones de coste y que eso obligue al paciente a elegir entre varias opciones posibles, puesto que así “se genera una situación injusta en la que el sistema traslada al paciente la carga de una decisión para la cual puede no contar con los conocimientos necesarios”.

Por encima de todo, aduce que “debe primar la prescripción médica como referencia clínica principal, especialmente en situaciones de cronicidad compleja” y defiende que la prescripción por parte de otros profesionales diferentes a los médicos debe quedar reflejada “con claridad” en la ley para los “supuestos concretos recogidos en los protocolos y guías de práctica clínica vigentes”. A su juicio, “esta delimitación es fundamental para garantizar un uso seguro, coherente y adecuado de los medicamentos en contextos clínicos específicos.

Finalmente, la POP rechaza que el paciente deba justificar su derecho a una modalidad de copago si ya está identificado en el sistema de receta electrónica y tarjeta sanitaria y advierte de que la protección ambiental “no debe traducirse en la eliminación de derechos”, por lo que deben mantenerse “envases comprensibles, prospectos accesibles en papel y la inclusión clara de información sobre si el medicamento es biosimilar, genérico o está sujeto a farmacovigilancia”.