El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, explicó en rueda de prensa que otra de las novedades que incluye el decreto es que los porteros deberán llevar un distintivo de identificación de forma visible y permanente, que incluirá sus datos y número de carné profesional, que se les otorgará tras superar las pruebas reguladas por la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid.

Según Granados, este decreto afectará al personal que ejerce funciones de admisión y control del acceso del público al interior de los establecimientos y que se encuentra bajo la dependencia de la persona titular y organizadora de las actividades de ocio.

El nuevo decreto establece que este personal podrá realizar funciones para encauzar y asegurar la entrada a los establecimientos con el fin de que no se perturbe el desarrollo del espectáculo o la actividad recreativa que se realice.

De igual modo, el consejero indicó que los porteros deberán comprobar la edad de las personas que pretendan acceder al local, controlar la adquisición de la entrada o localidad por parte de los asistentes, cobrar los billetes o entradas que dan acceso a los establecimientos y vigilar que no se exceda el aforo autorizado.

Además, podrán requerir la intervención del personal del servicio de vigilancia del local, si lo tuviera, o en su defecto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que impidan el acceso de las personas que incumplan las condiciones específicas de admisión autorizadas.

SEGURIDAD PRIVADA

En el texto también se establece que los locales con aforos superiores a las 700 personas deberán contar, además, con seguridad privada. También deberán colaborar en las inspecciones o controles reglamentarios establecidos en la normativa vigente.

Este decreto también contempla que los porteros tendrán que asegurar y facilitar el acceso de las personas con discapacidad asistentes al establecimiento y comprobar el estado de las instalaciones y el orden de la sala, garantizando el libre acceso a vestíbulos, pasillos, escaleras o puertas de salida, así como vigilar el tránsito de zonas reservadas y llevar un control de los libros de reclamaciones existentes en el local.

Asimismo, deberán vigilar que las bebidas que se sirvan en el interior del local se consuman dentro del mismo y no se saquen en ningún caso al exterior. Además, limitarán el acceso del público a partir del horario límite de cierre del local o una vez iniciado el espectáculo o la actividad, de acuerdo con sus condiciones específicas.

Asimismo, los porteros de salas de ocio deberán informar inmediatamente al personal de vigilancia, si lo tuviera, o en su defecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las alteraciones del orden que se produzcan en los accesos o en el interior del establecimiento, sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo con el fin de velar por la integridad física de las personas y los bienes, cuando la urgencia lo requiera.

En caso necesario, auxiliarán a las personas que se encuentren heridas y se pondrán en contacto con el servicio de emergencias cuando se requiera la asistencia médica de profesionales sanitarios.

Este decreto se aplicará al personal de cafés-espectáculo, salas de fiestas, discotecas y salas de baile, bares especiales y espectáculos o actividades recreativas con carácter extraordinario.

DEMANDA SOCIAL

Granados aseguró que la aprobación de este decreto por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre pretende dar respuesta a la demanda social producida tras la muerte el pasado fin de semana del joven Álvaro Ussía a las puertas de una discoteca madrileña, y que cualquier Ejecutivo tiene la obligación de atender.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, respondió a las críticas del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, sobre la responsabilidad de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.

González recordó a Blanco que el Ayuntamiento de la capital ha cerrado el local y la Comunidad ha concretado una normativa para regular la actuación de los porteros. Asimismo, dijo que la muerte del joven tuvo lugar en la calle, por lo que las competencias en este caso corresponden a las fuerzas de orden público, es decir, a la Delegación del Gobierno en Madrid.

También señaló que la empresa propietaria de "El Balcón de Rosales" tenía contratada a su vez a otra entidad que era la encargada de prestar servicios de seguridad. "Nos gustaría que el Ministerio del Interior, que controla las empresas de seguridad, nos dijera qué empresa es esta", concluyó.