El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, compareció hoy en el Congreso de los Diputados para explicar la posición del Gobierno sobre varios asuntos, entre ellos la acumulación de penas de los condenados por terrorismo.

En su intervención, López Aguilar juzgó "aberrante" que el PP interprete como un revés al Gobierno la decisión del Tribunal Supremo de que las reducciones de penas acumuladas se apliquen sobre cada una de ellas, de forma que los terroristas condenados por delitos graves pasen treinta años íntegros en prisión.

Dijo, además, que los ciudadanos pasaron al PP a la oposición por mentir, y subrayó que los socialistas respaldaron siempre al Gobierno de José María Aznar en la lucha contra el terrorismo, pese a carecer de información en muchas ocasiones.

En su respuesta, Astarloa aseguró que no duda de que el primer objetivo del Gobierno sea acabar con ETA, aunque el PP discrepa del modo empleado para ello. Pero el segundo objetivo, añadió, es "atacar de forma inmisericorde, con argumentos o sin ellos, al partido mayoritario de la oposición".

Es "una tragedia", concluyó, que el Gobierno y el PSOE hayan decidido "extender" a la política antiterrorista el llamado "pacto del Tinell".

La primera consecuencia de esa decisión, denunció, es que la "enorme fortaleza" del Estado de Derecho en épocas anteriores "se ha diluido" y ETA, cuya presencia era casi residual, está ahora en las primeras páginas de los periódicos.

Lo único en lo que el portavoz del PP se mostró de acuerdo con el ministro es en que "nadie debe bajar la guardia" frente al terrorismo. Astarloa acusó abiertamente al Gobierno de haber intentadoimpedir que los tribunales hagan "justicia material" con los condenados por delitos graves de terrorismo, algo que, en su opinión, el trabajo anterior de muchos jueces y fiscales había hecho posible. Pese a expresar su escepticismo sobre una posible rectificación del Gobierno, Astarloa reclamó la aplicación del pacto antiterrorista, la ilegalización de todo "rostro político" que se invente ETA para estar en las instituciones, la represión de todas las actividades de esas organizaciones, y el rechazo claro de cualquier concesión.

Se mostró pesimista porque el PP, explicó, está convencido de que para el Gobierno es "una buena idea" la aplicación de una política antiterrorista "unilateral", aunque ello suponga la ruptura de la unidad.

En contra de las explicaciones del ministro, Astarloa denunció que el pacto antiterrorista no se ha reunido por negativa del Gobierno pese a que el PP lo reclamaba por iniciativas como el nombramiento del Alto Comisionado de atención a las víctimas.

En el Gobierno, sentenció Astarloa, "no han querido ver el pacto antiterrorista ni en pintura desde el comienzo de la legislatura".

En ese mismo debate, el portavoz de CiU, Jordi Jané, alertó del desánimo que suscita entre los ciudadanos constatar la división de los demócratas ante el terrorismo, y reclamó, para recuperar la unidad, la apertura del pacto antiterrorista a todos los partidos.

Jané recordó que CiU ha respaldado siempre al Gobierno en la lucha contra el terrorismo, y ahora también. Si existe una posibilidad de paz, dijo, "merece la pena intentarlo", respetando siempre el Estado de Derecho y con la debida discreción.

Por su parte, la portavoz del PNV, Margarita Uría, volvió a reclamar al Gobierno la derogación de la ley de partidos que permitió la ilegalización de Batasuna, por entender que entorpece la paz más que facilitarla.