Fuentes del PP advierten al Ejecutivo de que no puede ordenar el cierre de las centrales nucleares sin la aprobación de Red Eléctrica, empresa privada en la que el Gobierno es el máximo accionista contando con un 20% de participación. Pese a ello, los populares sostienen que Red Eléctrica, como operador del sistema, "debe determinar si es posible o no el cierre de cualquier central nuclear".

Así, recordaron que se trata de "un sector regulado" que "debe garantizar la seguridad del suministro". En esta misma línea, recordaron las palabras de la exvicepresidenta tercera, exministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, quien en una entrevista en 2021 en La Ser señaló que "es muy probable que Red Eléctrica considere que el funcionamiento de las nucleares es fundamental para la garantía del suministro".

Este lunes, el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, aseguró que la energía nuclear "no fue suficiente y por eso cayó, pero desde luego no fue una rémora", insistió.

Los populares matizan las palabras de Araluce y señalan que "esta estabilidad insuficiente tiene también que ver con que ese día dos de los siete reactores nucleares que hay en las cinco centrales españolas no estuvieran funcionando debido a motivos económicos, sin que Red Eléctrica viera problemas en ello para asegurar el suministro".

Así, añaden que desde Red Eléctrica les explicaron que "en el sistema había generación suficiente, con ciclo combinado, para resolver cualquier restricción que pueda surgir en el periodo que nos comunicaron su intención de parar", y recalcan que, como en otras ocasiones fue una decisión exclusiva de las centrales nucleares.

Desde el PP criticaron el discurso de Sánchez, quien dijo un día después del apagón, que lejos de ser una solución, las nucleares "habían sido un problema". Desde el Foro Nuclear, la patronal del sector, explican que el artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el titular de una autorización de explotación comunicará al ministerio correspondiente, al menos con un año de antelación a la fecha prevista, su intención de cesar la actividad para la que fue concebida la instalación.

Así, el ministerio correspondiente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, declarará el cese de dicha actividad, estableciendo en la autorización de explotación las condiciones a las que deban ajustarse las actividades a realizar en la instalación a partir de ese momento y el plazo en que se deberá solicitar la autorización de desmantelamiento, o de desmantelamiento y cierre. Por lo que los populares insisten en que el Gobierno no puede "mañana mismo cerrar las nucleares", zanjan.

RECHAZO A PRORROGAR SU VIDA ÚTIL

Esta reivindicación se produjo tras el rechazo del Congreso este jueves a una proposición no de ley del PP para prorrogar la vida útil de las centrales nucleares y revertir el actual calendario de cierre que estas tienen por delante. Los populares, que registraron esta iniciativa en la Cámara Baja tras el apagón eléctrico, no consiguieron que los socios del Gobierno se pongan de su parte para exigir responsabilidades a Pedro Sánchez en este asunto.

Incluso Vox no votó a favor. Los de Santiago Abascal sostuvieron que la propuesta del PP no cuestiona el pacto verde europeo ni defiende al campo español de las "macroplantas solares". El resto de grupos criticó los últimos días el oportunismo del debate, alineándose con el Ejecutivo.

En concreto, la votación se saldó con 138 votos a favor, 204 en contra y siete abstenciones. El texto registrado por el principal partido de la oposición perseguía hacer hincapié en "las causas del apagón eléctrico sucedido el 28 de abril de 2025, su impacto en términos de seguridad energética nacional, y las garantías urgentes que debe proporcionar el Gobierno para que no vuelva a suceder".

Los de Feijóo, que reclaman un Plan Nacional de Seguridad de Suministro Energético, sí que consiguieron que la Cámara Baja diese su visto bueno a otra proposición no de ley registrada para alargar la vida útil de las nucleares. Fue el pasado mes de febrero y salió adelante con el apoyo de Vox y UPN, además de las abstenciones de Junts y PNV.

JUNTS PIDE UN DEBATE INTERNO

La diputada de Junts Pilar Calvo insistió en que la estrategia para la transición energética ya existe a través del Pniec, pero "el problema son los incumplimientos y la falta de reacción entre lo que se dice que se va a hacer y lo que se hace".

Calvo recalcó que hay motivos para preguntarse si se debe reabrir o no las nucleares. Por ello, señaló que están "escuchando a todas las partes y cuáles son las necesidades de país para que el sistema productivo y la ciudadanía aumenten la competitividad".

"Estamos de acuerdo con algunas de las propuestas y con otras no", afirmó la diputada de Junts, que concluyó: "En política a nadie le debería dar miedo abrir el debate. Lo que debería dar miedo es dejarlo a oscuras".