“Entendemos que la mejor manera de garantizar los derechos de un menor no es teniéndolo en un centro donde la comunidad autónoma es su tutor. Si hay posibilidades reales para que esté con su familia en las mejores condiciones posibles, pues vamos a defender que ese menor vuelva a su lugar de origen y que sus condiciones mejoren con su familia”, afirmó Fúnez.

La dirigente popular ratificó así la nueva posición de los presidentes autonómicos del PP, que hace una semana suscribieron en la ‘Declaración de Murcia’ que, “siempre que existan datos que lo permitan, se debe promover el retorno y la reunificación familiar en los países de origen”. La primera vez que el PP hizo suyo este postulado fue en el acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de la Comunidad Valenciana.

Los de Santiago Abascal también obligaron al presidente valenciano, Carlos Mazón, y a gobiernos autonómicos del PP como los de Murcia o Baleares a comprometerse a no recibir más menores migrantes, una condición que también será ‘sine qua non’ para la futura negociación en Aragón y Extremadura, donde el PP tratará de aprobar unas nuevas cuentas y evitar así una segunda prórroga consecutiva.

Fúnez, sin embargo, subrayó que sus Ejecutivos autonómicos cumplirán la ley y, por ende, aceptarán las reubicaciones mientras los tribunales dirimen sus recursos contra un reparto que, según sostienen, no cumple con la legislación vigente. Así, retó a Vox a decidir “si lo que quieren es mejorar y cambiar las condiciones de vida de los españoles o, por el contrario, les sirve cualquier argumento para hacer política electoralista”.

DETERMINACIÓN DE LA EDAD

La vicesecretaria del PP incidió en que el Gobierno trata a los menores como “paquetería” sin importarle las “condiciones” en las que se les acogerá o la falta de “recursos” de las comunidades para “atenderles de la mejor manera posible”. Además, según denunció, el Ejecutivo no está “respetando” las peticiones de los menores migrantes, que tienen la opción de pedir un lugar de traslado durante las entrevistas.

“Las comunidades autónomas van a exigir al Gobierno de España que cumpla la ley. No estamos dispuestos a recibir a ningún menor en procedimientos que no cumplan con la legislación vigente y, en este momento, no se está haciendo. La frivolidad es brutal. No se está hablando de mejorar los recursos para las comunidades autónomas. Hay espacios y centros de menores que están sobresaturados y, de los que son competencia directa del Gobierno de España, ni siquiera les ha dado respuesta”, expuso.

Otro de los puntos que el PP firmó con Vox en sus pactos autonómicos fue la aplicación de pruebas para determinar la edad de los menores migrantes. Fúnez considera ahora que es “esencial” y “crucial” para “proteger” al menor y evitar que convivan con mayores de edad. Por ello, reclamó que sea el Gobierno central el que aplique estos protocolos.

INMIGRACIÓN ILEGAL

En este contexto y a las puertas de la presentación del plan migratorio del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la dirigente del PP señaló que la prioridad de su partido será “trabajar” en una propuesta que desincentive las llegadas de migrantes irregulares para que “todos los que vengan a España” lo hagan con papeles y “sabiendo que vienen a trabajar, que sus derechos van a estar plenamente garantizados y que se van a poder integrar plenamente en la sociedad española”.

Fúnez considera que la solución no pasa por “medidas categóricas que cambien la situación de un día para otro” como podría ser la deportación automática de los inmigrantes irregulares, aunque asumió que no se puede “normalizar” la inmigración “desordenada” tanto por los intereses del país como por los de las personas que se lanzan al mar. “Se calcula que son más de 40.000 las que han perdido la vida”.

Una de las vías por las que apuesta el PP son los acuerdos de cooperación con los países de origen y con los países de tránsito. Preguntada por si Feijóo se plantea la posibilidad de pagar a estos terceros estados por cada deportado, Fúnez dejó la cuestión en el aire porque su partido aún no ha llegado “a ese nivel de concreción”.

MARRUECOS

Por otro lado, con respecto al visado por puntos, Fúnez defendió que es una medida “novedosa” que facilitará que llegue a España una inmigración con ganas de “aportar, trabajar y prosperar”. A falta de “profundizar cuáles son los factores” que tendrán peso a la hora de conceder este visado –como el idioma o la cultura–, Fúnez afirmó que “ni muchísimo menos” un magrebí tendrá menos opciones que un hispano, aunque sí opinó que “la mayoría” de los latinoamericanos “se integran sin ningún problema”. Sin embargo, enfatizó que no van a “cerrar las puertas a Marruecos”.

“Se entiende que, con un idioma común, la capacidad de integrarse en la sociedad española lógicamente es mayor, sin ningún género de dudas. Es decir, la mayoría de los hispanos se integran sin ningún problema en España mientras que las personas que tienen la barrera del idioma pues, lógicamente, tienen más dificultades. Pero eso no significa, en ningún caso, que nosotros vayamos a cerrar las puertas a Marruecos, puesto que es un país vecino de España con el que siempre hemos tenido una relación especial, teniendo en cuenta la cercanía”, dijo.

Por último, rechazó la posibilidad de prohibir el velo islámico, aunque subrayó que los musulmanes tendrán que “cumplir y acatar” las leyes españolas. El PP sí quiere restringir el burka y el niqab en espacios públicos por considerarlo “una negación de la mujer” y un potencial peligro para la seguridad ciudadana.