El documento programático, de 23 páginas, contiene expresiones de fuerte carga simbólica que permiten a Vox exhibir una victoria política en plena precampaña andaluza. Sin embargo, en el PP rebajan el alcance de esos enunciados y ponen el foco en el desarrollo posterior de cada medida, que en muchos casos queda acotado al “ámbito de las competencias” de la Junta.

El ejemplo más claro es la llamada “prioridad nacional” en el acceso a vivienda, ayudas, prestaciones y servicios públicos. La expresión, convertida en la nueva bandera de Vox, aparece cuatro veces en el texto. Pero no se desarrolla como una preferencia explícita por la nacionalidad española, sino como un criterio favorable a quienes puedan acreditar un arraigo “real, duradero y verificable” con Extremadura, sean españoles o inmigrantes.

En el PP admiten que han aceptado esas cesiones verbales para desbloquear el acuerdo, y sostienen que su objetivo ha sido evitar medidas que chocaran con su ideario y con la legalidad vigente. A su juicio, Vox ha asumido más renuncias ideológicas al aceptar un mínimo programático que une a los dos partidos. Aunque ahora puede explotar en la precampaña andaluza que el PP haya incorporado su lenguaje, porque al mismo tiempo reconoce parte de su relato.

Por ejemplo, Santiago Abascal proclamó el jueves en Granada que, gracias al acuerdo, “no se va a arrancar un solo olivo” en Extremadura. Y todo, porque el PP se compromete a “emplear todos los medios necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos”. El texto también incorpora el discurso de Vox contra las “imposiciones” de Bruselas, el Pacto Verde y el acuerdo con Mercosur, pese a que el PP respaldó en el pasado ese marco europeo.

INMIGRACIÓN

La escena se repite con la inmigración. Extremadura es la comunidad con menor proporción de población extranjera de España, con un 4,4% de sus habitantes, según el INE, y tutela a algo más de un centenar de menores extranjeros no acompañados. Aun así, el PP ha accedido a verbalizar el rechazo a “cualquier intento de diluir” la “identidad, usos y costumbres” de España, así como la voluntad de “extremar la seguridad dentro y fuera de los centros donde se alojan” los menores migrantes.

Los populares también han aceptado la “supresión de la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí”, así como de “todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal”.

Vox, en cambio, ha sucumbido en su empeño por derogar la ley de derechos LGTBI, cuestionar la violencia de género o rechazar la ley del aborto. En realidad, los de Abascal nunca pusieron estas contrapartidas encima de la mesa después de que Génova, a través de su documento marco para ordenar los pactos autonómicos, se cerrase en banda a negociarlas.

Las fuentes consultadas por Servimedia destacan que las conversaciones se han desarrollado en un clima de mayor cordialidad del que cabía esperar tras meses de enfrentamiento entre ambas direcciones nacionales. De hecho, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha estado presente en las conversaciones pese a ser acusado por su homólogo en Vox, Ignacio Garriga, de actuar como un “contrabandista de ría” en una carta remitida a la militancia durante la Semana Santa. Los conflictos se teatralizaron en público y no se reprodujeron en privado.

ARAGÓN, MUY CERCA

El siguiente acuerdo de gobierno que se firmará es el Aragón y, según fuentes populares, el programa que ultiman PP y Vox guarda muchas similitudes con el de Extremadura, al margen de las particularidades de cada territorio, por lo que esperan oficializarlo en los próximos días.

La principal diferencia, según cargos consultados en ambas formaciones, es que Vox tendrá más peso en el Gobierno aragonés, en consonancia con sus resultados electorales. Y en Génova se felicitan tras meses presionando a Vox para que regresara a los ejecutivos autonómicos después de su ruptura en julio de 2024. Su entrada en los gobiernos debilita, a juicio del PP, el discurso de Abascal contra el bipartidismo y el sistema, y le expone al desgaste de la gestión.

Pero también ofrece a Vox la oportunidad de poner en marcha una parte de su programa, demostrar su utilidad y revalorizar así sus siglas. En la formación de Abascal hay expectación, sobre todo, por la nueva Vicepresidencia de Desregulación, creada con una filosofía similar a la que han abanderado aliados ideológicos como Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos.

LOS LÍMITES

En el PP, sin embargo, creen que la capacidad de acción de Vox está muy limitada porque no tiene una competencia ejecutiva propia como tal, lo que les obliga a negociar cada medida a derogar con María Guardiola y con Jorge Azcón. “Les ilusiona más la música que la letra. Pueden hacer mucha política mediática, pero no de gestión”.

Sin embargo, Vox sí controlará áreas con margen de actuación directa. A través de esa Vicepresidencia asumirá competencias de servicios sociales, inclusión, infancia y familia, juventud y cooperación internacional al desarrollo. Y gestionará la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que incluye materias como regadíos e infraestructuras rurales, así como caza, pesca, acuicultura y tauromaquia.

Una vez cerrado Extremadura, el acuerdo en Aragón parece inminente, aunque todo dependerá de cómo Vox gestione los tiempos. Lo que sí es seguro es que se firmará antes del 3 de mayo, fecha límite para evitar una repetición electoral, y servirá de base para Castilla y León, donde ya ha habido contactos al máximo nivel.