Así lo trasladó García Molina durante la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid, donde aseguró que la dependencia “es un reto de Estado”, ya que “la calidad de nuestro sistema sanitario y la adopción de hábitos saludables contribuyen a que cada vez vivamos más años”. Este envejecimiento de la población “hará que en 2035 vivan en la región 1,7 millones de personas de más de 65 años. Es decir, medio millón más que ahora”.

La nueva inversión pretende seguir “la senda de la calidad que ya define” a la Comunidad de Madrid, según su Ejecutivo, una inversión que nos permitirá seguir la senda de calidad que ya nos define. La diputada afirmó en su intervención que, para continuar al lado de los más necesitados, “estamos inmersos en un nuevo ‘Modelo Madrid de Atención Social’, basado en la libertad de elección, que permita a la persona elegir dónde quiere vivir y que va a facilitar el acceso al sistema”.

REDUCCIÓN DE PLAZOS

A todo lo anterior, García Molina añadió que este modelo reducirá el plazo de resolución de la petición de dependencia, que será inmediato para personas en situación de paliativos y urgencia social. En un máximo de 90 días para menores de 3 años y mayores de 90. Y en 10 días tras el alta, si coincide con un ingreso hospitalario.

La diputada valoró que el Gobierno autonómico está “logrando avances, a pesar de que el reto es mayúsculo y de Estado”. En este sentido, dijo que podrían hacer “mucho más” pero lamentó que se encuentran “de nuevo, con el muro de Sánchez”.

Criticó que el Ejecutivo central “genera desigualdades entre españoles, porque su deber, es financiar la dependencia en Madrid y en todas las comunidades autónomas, al 50%, como ha prometido al PNV y BNG”.

En esta línea, defendió que el Gobierno autonómico “no va a renunciar a lo que pertenece al resto de españoles, porque está dejando de aportar a la Comunidad de Madrid más de 270 millones de euros anuales y con ellos podríamos crear 10.000 plazas residenciales para mayores o más de 7.000 para personas con discapacidad”.