La enmienda, que salió adelante por una amplia mayoría de la Cámara, se aprobó porque la partida actual se ha quedado -en opinión del PP- “obsoleta” por las prórrogas consecutivas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y, "según denuncian compañías aéreas, asociaciones y patronal, es una cantidad que se ha quedado corta, ya en el año 2024 se produjeron impagos y en este 2025 advierten que se podría producir la misma situación".

Tras aprobarse esa enmienda en la Cámara Alta, el proyecto de ley se remitió al Congreso, donde el Gobierno vetó la enmienda por afectar a sus previsiones de ingresos y gastos, y aprobó el proyecto sin este aparado. Para el PP, sin embargo, esta medida, llevada a cabo "con la complicidad de la mayoría de la Mesa", supone una "mutilación" de características similares a la Ley de la Cadena Alimentaria, por la que los populares también emprendieron un conflicto institucional.

“Lamentablemente vemos, como de nuevo, el Gobierno y Francina Armengol, con la complicidad de sus socios en la Mesa del Congreso mutila una ley aprobada por el Senado que, además, daría seguridad jurídica y garantizaría el cobro de esas bonificaciones aéreas y no las pondría en riesgo, como está haciendo ahora mismo el Gobierno", deploró la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en unas declaraciones recogidas por su partido este lunes.

Así, García avisó de que su grupo "no se va a quedar nunca de brazos cruzados ante cualquier ataque a los derechos de los españoles y a las competencias legislativas de esta Cámara" y se mostró dispuesta a recurrir el Tribunal Constitucional y a utilizar "todos los instrumentos políticos, parlamentarios y judiciales" a su alcance "para defender los derechos de los españoles".