La propuesta la firmaron en octubre el PP y UPN, pero finalmente la formación navarra decidió el pasado día 11 retirar su firma de la misma “por razones reglamentarias relativas al cupo del Grupo Parlamentario Mixto”, del que el diputado Alberto Catalán es portavoz adjunto.

En el texto de la proposición de ley se señala que es necesario “profundizar en los efectos de prevención general y prevención especial en algunas figuras del delito de asesinato”. Y aquí subraya “dos fenómenos que son de honda preocupación para la sociedad española”: la ocultación del cadáver y la reincidencia en el delito de asesinato.

Y es que los populares ponen sobre la mesa para defender su iniciativa la “aflicción” que supone para los familiares de una persona asesinada el “no poder disponer del cuerpo para darle honras fúnebres”, lo que consideran “un dolor añadido”.

Una acción esta por parte del delincuente que, destaca la propuesta, tiene como fin “causar un daño concreto y específico a los familiares y allegados de la víctima”, mientras que añaden que se trata de un comportamiento que resulta “inocuo para el delincuente desde el punto de vista del derecho penal”.

Por ello reclaman que no se castigue en estos casos el asesinato solo con la pena de prisión de 15 a 25 años, sino con otra “más grave” como la prisión permanente revisable. Y, en el caso de que finalmente confesase incluso estando ya condenado, consideran que hacerlo supondría “un estímulo al reo” para revelar el paradero del cadáver, por poder beneficiarse de la “posible suspensión de la pena, cumplidos ya 25 años de prisión efectiva”.

Una pena, la prisión permanente revisable, que también exigen para quienes vuelvan a cometer un delito de asesinato tras haber sido condenados por el mismo motivo en el pasado. Porque, consideran, la comisión de otro delito de asesinato “es reveladora de una tendencia criminal de la que la sociedad tiene el legítimo derecho a precaverse”.