Ibáñez defendió la necesidad de recuperar “el concepto de Administración al servicio de los ciudadanos” y pidió que la cita previa obligatoria no sea “el requisito exclusivo” para tener atención.

Además, denunció que los ciudadanos se encuentran con frecuencia con webs para solicitar la cita previa que no están disponibles, con falta de citas o con esperas de semanas. “Ya no es solo administrativo, es de calado democrático", apuntó.

El diputado popular también recordó que el ordenamiento jurídico español “en ningún caso establece que la cita previa sea obligatoria” y agregó que con esta PNL se pretende garantizar la omnicanalidad total en la atención al ciudadano.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PSOE José Losada aclaró que la cita previa obligatoria se introdujo a raíz de la pandemia y supuso “un cambio en la manera en la que los ciudadanos se comunicaban con la administración”.

Pasado ese periodo, admitió que “es necesario poner fin a la cita previa” y aseguró que el Gobierno está trabajando para garantizar un canal de relación entre la Administración y los ciudadanos, sobre todo para aquellos colectivos más vulnerables, como las personas mayores, las personas con discapacidad o aquellas que carecen de medios electrónicos o viven en zonas con menor conectividad.

El PSOE presentó una enmienda para “mejorar y concretar” el texto del PP, aunque coincidió en que la cita previa “no debe ser obligatoria”.

El diputado de Vox Emilio del Valle informó de que su grupo también propuso enmiendas para que el cambio se aplique a todas a las administraciones públicas, no solo a la AGE, y que, a su vez, inste al Gobierno a hacer las modificaciones precisas “para que este tema quede blindado”.

Por su parte, la diputada Martina Velarde, de Podemos, expresó el respaldo de su formación a cualquier medida que facilite a la ciudadanía “acceder a la Administración sin obstáculos”. No obstante, manifestó cierta preocupación por la “eficiencia” que pretende el PP con esta medida, ya ese término suele traducirse en “desmantelamiento sistemático y progresivo de lo público” donde gobierna el PP.

También adelantó su respaldo a esta PNL el PNV, ya que “la cita previa generalizada como requisito para la atención no tiene ordenación legal” en España, como apuntó el diputado Mikel Legarda. “Superada la covid, ha pasado a convertirse en una barrera de acceso absolutamente injustificada en la actualidad”, advirtió.

Desde Bildu, el diputado Jon Iñarritu defendió que la cita previa no es una barrera, sino “un instrumento eficaz”, tanto para la ciudadanía como para los funcionarios por la mejor gestión y la reducción de las esperas. Sin embargo, abogó por impedir la reventa de las citas previas y por abrir canales alternativos de atención a los ciudadanos.

“No se trata tanto de elegir entre eficiencia y derechos. Se trata de tener una administración eficiente, que garantiza derechos de manera activa y accesible”, comentó durante su turno de fijación de posiciones.

Sumar coincidió en que “el sistema bien implementado funciona” y ha logrado reducir los tiempos de espera, como señaló la diputada Engracia Rivera.

Por el contrario, el diputado de Junts Josep Pagés tachó la cita previa de “desastre innecesario”. Su grupo propuso la creación de una Oficina de Defensa Digital, dirigida a las personas mayores y con dificultades para los procesos digitales, así como una atención personal y al momento. A su juicio, la cita previa obligatoria genera “indefensión, inseguridad jurídica y pérdida efectiva de derechos”. “Las personas no pueden quedar abandonadas detrás de una pantalla”, recalcó.

En la misma línea se pronunció la diputada de ERC Teresa Jordá, que insistió en que los ciudadanos están “desesperados por obtener una cita con la Administración”, al tiempo que las personas mayores quedan “expulsadas”. “Está generando graves problemas de acceso a la Administración. Se ha convertido en un muro y ha degradado el derecho de la ciudadanía a ser atendida”, alertó.