La iniciativa, recogida por Servimedia y que deberá ser debatida y votada en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso, indica que la mencionada norma subraya que el importe de las sanciones económicas obtenidas por infringir la ley en el ámbito de la Administración General del Estado se destinará “íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas”.

El PP subraya que en los últimos meses se ha producido “un incremento muy significativo en la recaudación por multas de tráfico en España, alcanzando cifras récord”, puesto que la DGT ha superado “ampliamente” los 600 millones de euros anuales en ingresos por sanciones.

Este incremento de la recaudación por sanciones se produce en un contexto de “aumento general de la presión fiscal sobre los ciudadanos”, según el PP, puesto que España ha alcanzado en los últimos años niveles de presión fiscal en “máximos históricos” hasta situarse entre un 36% y un 37% del PIB, “por encima de la media de las economías avanzadas y con un crecimiento superior al experimentado en el conjunto de países de la OCDE”.

“Este incremento en la recaudación coincide, además, con un contexto en el que los datos de siniestralidad vial no muestran una reducción proporcional, lo que plantea interrogantes legítimos sobre la eficacia real de las políticas sancionadoras como instrumento prioritario de mejora de la seguridad vial”, apunta el PP.

ELEMENTO “PREOCUPANTE”

Además, los populares añaden como “elemento especialmente preocupante” que, pese al “incremento sostenido en la recaudación por sanciones de tráfico, distintos informes sectoriales alertan del deterioro progresivo de la red viaria en España”. Según la Asociación Española de la Carretera (AEC), el déficit acumulado en conservación se acerca a los 13.500 millones de euros, con más de la mitad de las carreteras estatales, autonómicas y forales con deficiencias graves o muy graves y cerca de 34.000 kilómetros que requieren actuaciones urgentes.

El PP recalca que se calcula que serían necesarios unos 5.000 millones de euros anuales para garantizar un adecuado mantenimiento de la red de carreteras, “muy por encima de los niveles de inversión actuales, lo que evidencia una brecha creciente entre las necesidades reales de conservación y los recursos efectivamente destinados a tal fin”.

“La insuficiencia de inversión en este ámbito contrasta con el incremento sostenido de la recaudación por sanciones, lo que pone de relieve la necesidad de garantizar una trazabilidad clara y verificable del destino de los ingresos obtenidos por multas de tráfico”, apostilla el PP.

Los populares destacan que hay “una percepción creciente entre los ciudadanos de que el sistema sancionador está derivando hacia una finalidad predominantemente recaudatoria, en detrimento de su función preventiva y disuasoria”. “No basta con que la ley establezca su destino; es necesario que el Gobierno rinda cuentas de forma clara, periódica y detallada sobre la aplicación efectiva de dichos fondos”, agrega.

Por ello, el PP pide que el Gobierno envíe anualmente al Congreso un “informe detallado” sobre el destino de la recaudación que la DGT obtiene por sanciones en materia de tráfico y que incluya el importe total ingresado el año anterior, el desglose de las actuaciones financiadas con esos ingresos, la identificación de programas concretos en materia de seguridad vial y conservación de infraestructuras e indicadores necesarios para evaluar la eficacia de esas actuaciones.