Esta fue la idea principal de la intervención de Patricia Rodríguez, senadora del PP por Ávila, en su intervención en la Comisión de Presupuestos, donde afeó al PSOE su silencio ante “la llamada de auxilio” de las entidades sociales.

La enmienda de los populares –que también secundan UPN, Más Madrid, Compromís y Geroa Bai– sostiene que “es necesario dotar” a instituciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) “de un presupuesto que permita la realización de actividades relacionadas con su misión”.

En este sentido, advierte del “perjuicio grave” que ha sufrido el Tercer Sector en los últimos años y pide hacer frente a “la situación de especial dificultad” en la que se encuentra.

“La modificación viene dada por la situación de especial dificultad en la que se encuentran las entidades representativas de la sociedad civil de la discapacidad como consecuencia del sobrecoste económico de la discapacidad, unido a la subida exacerbada de precios y la crisis económica actual, con el consiguiente perjuicio grave para las personas con discapacidad en mayor riesgo de exclusión, beneficiarias de la actividad de estas entidades”, indica la enmienda.

En esta línea fue la intervención de Rodríguez. Avisó de que estas entidades se encuentran “en una situación límite”, y subrayó que el rechazo de la enmienda negaría la viabilidad de sus proyectos y abocaría a “muchas de ellas” a “dejar de prestar servicios que sin duda son esenciales para las personas con discapacidad”.

“Desde mi grupo confiamos en que esta Cámara, en la que se han obtenido grandes consensos en beneficio de las personas con discapacidad, podamos aprobar esta enmienda por unanimidad. Sin duda, señoría, creo que sería un gesto ejemplar”, apeló.

SILENCIO DEL PSOE

No obstante, la senadora del PSOE Aurelia Sánchez no se refirió en ningún momento a esta propuesta de modificación del proyecto de las cuentas generales de 2023 y afirmó que su partido considera “que las distintas enmiendas que han presentado los grupos políticos, y en particular el Partido Popular, no mejoran el presupuesto ni las medidas que están destinadas al bienestar social y a los derechos sociales”.

Las declaraciones de la parlamentaria socialista fueron en línea con las realizadas por sus compañeros durante toda la jornada, ya que la pretensión del Gobierno es aprobar los presupuestos por la vía ‘exprés’ para que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero. Para ello, es necesario que no se apruebe ninguna enmienda, ya que devolvería el proyecto de ley al Congreso, lo que dilataría su aprobación definitiva.

Ante esta posición, la senadora del PP confesó estar “perpleja” ante el silencio del PSOE y preguntó directamente al partido del Gobierno “si no van a atender la petición de ayuda de las entidades del Tercer Sector del mundo de la discapacidad”.

Sin embargo, y en línea con su primera intervención, Aurelia Sánchez optó por no entrar en el fondo de la cuestión y se limitó a afirmar que el Gobierno de Pedro Sánchez “piensa y trabaja por el bienestar de la familia españolas, especialmente de las más necesitadas de las que se encuentran en situación de pobreza y de las que se encuentran en situación de discapacidad”.

MÁS FONDOS PARA LAS ENTIDADES

En concreto, la enmienda presentada por PP, UPN, Más Madrid, Compromís y Geroa Bai pide ampliar la financiación de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) hasta los 368.143 euros, fijar la del Cermi en 364.607 euros, ampliar las ayudas a la Confederación Autismo España hasta los 364.817 euros, y destinar a 488.773 euros a la Confederación Salud Mental España.

También busca mejorar la financiación de la Confederación Plena Inclusión España hasta elevarla por encima del millón de euros, de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) hasta los 2,2 millones, de la Federación Española de Daño Cerebral hasta rozar los 200.000 euros, de la Federación Española Enfermedades Raras (Feder) hasta alcanzar los 454.391 euros, y de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif) hasta los 204.395 euros.

Esta enmienda tendría un coste de 2,58 millones de euros que se sufragarían con una parte del montante destinado a los programas del Imserso.