Según José Miguel Ortí Bordás, portavoz del Partido Popular (PP) en la Cámara Alta, han planteado esa iniciativa por la falta de garantías que existen en la actualidad para defender los derechos que asisten a las víctimas de delitos violentos, y, asimismo, con el fin de cubrir una importante laguna del ordenamiento jurídico español.

"Nuestra legislación", señaló Ortí Bordás, "está orientada tradicionalmente hacia el causante de un daño o perjuicio y, como resultado de esta concepción,las víctimas de los delitos violentos no sólo sufren las consecuencias de la acción delictiva, sino que, por lo general, se ven privadas de las compensaciones y prestacines económicas que les corresponden".

"Prueba de ello", añadió, "es la situación de desamparo en que se encuentran las víctimas de los actos terroristas en España".

La Proposición de Ley Orgánica del PP establece fundamentalmente que la competencia en materia indemnizatoria, actualmente atribuida a la Administración, pase a ser e los jueces y tribunales.

En segundo lugar, solicita que para las víctimas de los delitos terroristas las indemnizaciones sean el doble de lo previsto.

Asimismo, contempla un rígido procedimiento de garantías tanto en la investigación policial, como en la celebración del juicio y para el momento de la ejecución de la sentencia.

Por último, preve indemnizaciones económicas y la cobertura de gastos sanitarios, educativos y sociales de las propias víctimas y, en su caso, de sus familiares.

Para el portavoz popular en el Senado, "los intereses, necesidades y derechos de las víctimas de delitos violentos no gozan del respaldo de la Administración".

Ortí Bordás denunció también el rechazo del PSOE a las reiteradas iniciativas del PP sobre los derechos que asisten a las víctimas de los delitos violentos y afirmó que "son inadmisibles las razones del Ejecutivo a la hora de rechazar estas propuestas, basándose siempre en argumentos difusos y carentes de la más pura lógica social, amparándoseen la promesa, hasta ahora, incumplida, de elaborar una norma que regule tales derechos".

"Esta es una prueba más", concluyó Ortí Bordás, "que demuestra la resistencia del Gobierno a asumir la responsabilidad que le corresponde en la protección de los derechos de estas personas".