Gámir señaló que el objetivo básico de las privatizaciones es incrementar la eficacia del sistema, y agregó que las empresas con beneficios se venderían a un precio superior a la capitalización de los mismos.

La política de venta de empresas públicas, uno de los ejes centrales del programa económico del PP, se vería reforzada por un sistema de controles que reserven al Estado la autorización a las decisiones empresariales estratégicas qe afecten a empresas privatizadas, al tiempo que se favorece la inversión de capital nacional privado en esas empresas.

Una mención aparte merece el "Plan de Pymes" del PP, que centra buena parte de sus propuestas en el desarrollo de medidas fiscales como la reforma del IAE y los módulos de estimación objetiva, para que se ajusten mejor a los ingresos reales, además de coordinar al Gobierno central con las comunidades autónomas en el apoyo a las pequeñas empresas.

La fiscalidad sería una baza reativadora de la industria en un futuro Gobierno del PP, ya que según su documento sobre política industrial se procedería a aplazar las liquidaciones de IVA en las facturas a la Administración hasta que se cobre, o permitir la recuperación de este impuesto en facturas que no se cobren en dos años.

También plantea una liberación de recursos en las empresas que permita aumentar la inversión, y para ello elabora un programa de reducción de costes como los sociales, 5 puntos menos en tres años para las cotzaciones a la Seguridad Social; los de la energía e incluso en los laborales, con "una flexibilización similar al entormo europeo".

El PP también propone crear y actualizar cada tres meses un registro de sociedades del Estado o participadas, en el que sólo se incluirían aquellas compañías cuyo control por la Administración supere el 50 por cien, y no aquellas otras que por un proceso de venta a inversores privados reduzcan el "paquete" en manos del Gobierno por debajo de ese nivel.

Los populares antienen que uno de los mejores ejemplos de su mejora en la gestión de empresas públicas será la política de transparencia, y para ello plantean aumentar los controles sobre las contrataciones, comunicación a las Cortes de la información recogida en ese registro de participaciones estatales y aumentar la coordinación con comunidades autónomas para evitar la proliferación de empresas públicas en los entes territoriales.

No obstante, el PP hace un planteamiento macroeconómico de la política industrial, l poner por delante las inversiones en obras de infraestructura, la desregulación de las telecomunicaciones y su mayor competencia para abaratar los servicios, la flexibilidad laboral, la formación profesional y el aumento del suelo industrial en condiciones atractivas para la inversión en nueva planta.