Así se señala en las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de reforma del mercado de trabajo, a las que ha tenido acceso Servimedia.

Además, el PP quiere que haya ayudas adicionales de 1.300 euros al año por contratar a personas con una discapacidad superior al 65%, discapacitados mayores de 45 años o discapacitadas.

Estas ayudas serían acumulativas, de forma que el empresario que contrate a una mujer mayor de 45 años con una discapacidad superior al 65% recibirá al año 9.900 euros.

Asimismo, se propone elevar de 2.200 a 4.500 euros las ayudas a la contratación temporal de discapacitados, estableciendo 700 euros adicionales por cada uno de los anteriores supuestos, lo que elevaría la ayuda máxima a 6.600 euros.

El PP justifica estos incrementos en que el pasar de ayudas en porcentaje de la cotización a la Seguridad Social, como hasta ahora, a aportaciones a tanto alzado puede perjudicar a las personas con discapacidad con sueldos medios o altos.

Además, el PP propone que las ayudas a la contratación de todo tipo de colectivos se actualicen cada año de acuerdo con el IPC del mes de noviembre, de modo que se puedan incorporar a los Presupuestos del ejercicio siguiente.

Asimismo, el PP reclama mayores bonificaciones a las empresas de inserción en los contratos de sus trabajadores y actualizar las ayudas de los Centros Especiales de Empleo, que provienen de 1998.

CONCATENACIÓN DE CONTRATOS

En materia de limitaciones a la concatenación de contratos -un trabajador será fijo si acumula dos o más contratos en 24 de los últimos 36 meses-, el PP presenta una enmienda para aclarar que, además del mismo puesto de trabajo, afecte también la medida a la realización de una "actividad análoga", con el fin de evitar cambios de puesto en una empresa para eludir la norma.

Un último aspecto se refiere a una demanda trasladada por los ayuntamientos que advierten problemas en dicha limitación de contratos.

Se quiere exceptuar ese límite en aquellos contratos de obra o servicio que concierte un ayuntamiento en función de las políticas activas de empleo y con subvenciones del Servicio Público Estatal de Empleo.

Son programas, según el portavoz de Trabajo del PP, José Eugenio Azpiroz, que los consistorios no saben si van a continuar en años posteriores o que no saben si volverán a recibir la subvención ligada a los mismos, por lo que alerta del riesgo de obligar a convertir en fijo un empleo que puede no serlo.