La propuesta solo contó con el 'sí' de la formación de Santiago Abascal, frente al rechazo del resto del arco parlamentario. Vox quería retomar el debate de “la prioridad nacional” tras los pactos en Extremadura y Aragón con el PP, pero esta vez en materia sanitaria. Y ello, después de que el PP accediera a introducir este principio en ambos acuerdos programáticos como el criterio que “inspirará” el reparto de las ayudas y vivienda pública.

Los populares, sin embargo, se han opuesto al grueso de la proposición no de ley de los de Santiago Abascal, aunque sí coinciden con su socio en delimitar el derecho a la prestación sanitaria a “quien cumple la ley, contribuye y tiene residencia legal y arraigo”.

Esta literalidad es la misma que se refleja en los acuerdos de gobierno suscritos en las últimas dos semanas, si bien solo alcanza a las ayudas públicas y no a la sanidad. La explicación es que el Gobierno de Pedro Sánchez restauró el 11 de marzo la universalidad del sistema que recortó el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy, lo que impide que las comunidades gobernadas por PP y Vox lleven a cabo la “prioridad nacional” pactada también en la sanidad.

PP y Vox también coinciden en su voluntad de derogar este decreto. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya lo verbalizó en una entrevista en Servimedia publicada en Semana Santa, en la que se mostró en contra de la universalidad porque “la situación irregular no puede generar derechos”. Mismo discurso que el pronunciado durante el debate parlamentario por el diputado Antonio Román.

“El derecho a la prestación sanitaria corresponde a quien cumple la ley, contribuye y tiene residencia legal, tiene arraigo, es decir, que tiene un vínculo estable, real y verificable en el territorio”, dijo repitiendo, palabra por palabra, los pactos con Vox, que buscan premiar el “arraigo”.

“Y se debe diferenciar de la asistencia sanitaria, que debe prestarse en aquellos supuestos donde no hacerlo es inasumible para cualquier sociedad decente y para cualquier persona con unos mínimos principios humanistas”, añadió el parlamentario. Es decir, que a diferencia de Vox, el PP sí quiere garantizar que habrá atención a los inmigrantes irregulares en casos de emergencias.

El texto de Vox, por el contrario, habla de “proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles”. Román replicó que eso es “inconstitucional” y afeó a los de Abascal que empleen una “terminología identitaria y colectivizada”.

También aboga por que “el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización”, otra medida a la que los populares se oponen, como ya anunció esta mañana la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

La integrante de la dirección nacional del PP coincidió con Vox en que “un turista sueco que se queda sin el permiso de turismo” no debería poder operarse de cadera. Pero insistió en que, ante casos de urgencias, se debe garantizar la asistencia sanitaria.

Dadas las discrepancias, el PP presentó una enmienda que nada tiene que ver con el texto de Vox. Su propuesta se centra en exigir “un nuevo modelo de financiación autonómica con una pieza separada para Sanidad”. Y exige “una dotación adecuada del Fondo de Garantía Asistencial con el objetivo de que cuente con cuantos recursos sean necesarios para cubrir en todo el sistema nacional de salud la totalidad de los costes derivados de la asistencia sanitaria prestada a los pacientes en situación administrativa irregular”.

Los de Abascal, sin embargo, rechazaron la propuesta del PP. Durante la defensa de la iniciativa, la diputada de Vox Blanca Armario lamentó que España sufre una “crisis del sistema sanitario que nada tiene de repentina ni es un colapso inesperado, ha sido un deterioro progresivo, constante, que era de esperar”, una “crisis” que nace de la “acumulación de decisiones erróneas”, de “mala gestión y de la obstinación ideológica de este Gobierno”.

“La Sanidad ha enfermado por falta de cuidado”, destacó, acusando al PP y al PSOE de dejar que los “17 sistemas sanitarios” en los que se ha convertido el sistema de salud se conviertan en “destinos turísticos para los extranjeros”, “menú a la carta en Sanidad, a coste cero, sin haber contribuido jamás al sistema”.

A su vez, criticó que la aprobación del real decreto “para unificar los criterios administrativos de acceso a la sanidad ordinaria” hace que los que “acaban de llegar de forma ilegal” tengan acceso a “un médico de cabecera o a una operación programada, cuando ya de por sí es bastante difícil para los españoles”. “Esta situación es tan injusta como vergonzosa”, criticó.