Según los populares, la ley ha provocado que los ayuntamientos y provincias españolas van mermados sus ingresos en casi 93.223 millones de pesetas.

La senadora por Madrid Rosa Vindel declaró que "lo más grave es que esta pérdida de ingresos convierte el principio de autonomía municipal, proclamado en la Constitución, en mero papel mojado".

El PP mantiene que hasta la aprobación de esta ley, la participación de los ayuntamientos y provincias españoles en los tributos del Estado dejaba de ser objeto de negociación política, ya que la Ley Reguladora de Haciendas Locales de 1988 establcía un mecanismo financiero de funcionamiento automático.

Sin embargo, Rosa Vindel señaló que "con la aprobación de la Ley 5/1993, las corporaciones locales recuperan la fórmula de vasallaje como modelo de relación con el Estado".

A su juicio, la citada ley también vulnera el principio constitucional de la irretroactividad, ya que legisla en 1993 lo que corresponde percibir a las entidades locales en los tributos estatales correspondientes a 1990.