Así se pronunció la dirigente popular en el Congreso de los Diputados durante la presentación de la proposición de ley planteada por el PP para la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la que reclama que el control de los datos personales de la Fiscalía no dependa del fiscal general. Una propuesta que, en palabras de Gamarra, "es una defensa directa de la independencia del Ministerio Fiscal".

Sin embargo, la intervención de Gamarra se centró casi en su totalidad en atacar al jefe del Ejecutivo por la corrupción y la reforma judicial que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales y aparta de las acusaciones populares a los partidos políticos o asociaciones ligadas a ellos.

"Va con todo para destruir la independencia judicial. Sánchez ha dado orden de limpiar sin límites las evidencias de su corrupción y la única manera de hacerlo es mediante el poder, es decir, desde el BOE", dijo para criticar que la reforma judicial que ahora ha de iniciar su trámite parlamentario "atribuye la instrucción de los procedimientos penales a un Ministerio Fiscal dependiente del Gobierno y que solo acuse ese Ministerio Fiscal dependiente también del Gobierno".

Y es que, denunció Gamarra, Sánchez "se pretende aprovechar mediante fiscales generales tan serviciales como el que actualmente se encuentra en el cargo". "Cuanto más acorralados están por la corrupción, más peligrosos son, porque más decididos están a ir con todo para intentar salvarse", incidió para destacar que la iniciativa que el PP llevó al Pleno "es una defensa directa de la independencia del Ministerio Fiscal", con la que los populares buscan "garantizar la separación de poderes, la independencia del Ministerio Fiscal".

FISCAL GENERAL EN EL BANQUILLO

"La Fiscalía al servicio del sanchismo no es una hipótesis, no es una opinión, es la realidad que hoy vive España", sentenció Gamarra, quien recordó que "por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado en ejercicio se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de un presunto delito de revelación de secretos. El fiscal general del Estado ha pasado de perseguir delitos a sentarse en el banquillo por presuntamente cometerlo”.

"El procesamiento del fiscal general del Estado señala todavía más el daño institucional que el Gobierno está provocando a la Fiscalía y no es una anécdota", criticó nuevamente la dirigente popular.

En la misma línea, insistió en que "la sumisión del fiscal general llega al punto de incurrir en la presunta comisión de delitos para perjudicar a una rival política, de apropiarse de todos los recursos del Estado en beneficio personal".

Y fue más allá al señalar que "todas las leyes, de la 'Ley Begoña' a las 'leyes Bolaños', tienen un objetivo único, someter a la justicia. Todas y cada una de ellas buscan asegurar la impunidad del presidente, cuya familia, partido y Gobierno están manchados por la corrupción. Y de ahí el interés por atar todavía más la Fiscalía al control del Gobierno".

En este sentido, Gamarra cargó contra el Ejecutivo por su "interés por terminar la acusación popular y dejar que tanto la acusación como la investigación queden en manos de la Fiscalía". "De ahí el sostenimiento del fiscal general del Estado en el cargo. Sánchez y los suyos lo necesitan. Es una pieza clave, una pieza angular en el enjuague permanente para resistir en La Moncloa".

"Sin acusación popular, el hermano del presidente no estaría procesado, ni la mujer del presidente estaría imputada por cinco delitos ni avanzarían las investigaciones sobre corrupción del Gobierno y del partido del Gobierno. Su proyecto de Ley presentado hoy es el del sometimiento de la acción de la Justicia al interés del poder, de su poder, de Pedro Sánchez".

"Que toda investigación penal en nuestro país pueda quedar a criterio último de Pedro Sánchez es un auténtico peligro democrático", alertó Gamarra.

Por todo ello, defendió y pidió el apoyo de la Cámara a la propuesta del PP para que el control y la supervisión de los datos personales de la Fiscalía recaiga en "juristas independientes de reconocida competencia con más de 15 años de experiencia en protección de datos" que sean elegidos "por mayoría absoluta del pleno del Consejo Fiscal". Una iniciativa que, además, "establece un mandato de cinco años no renovables", lo que "garantiza su neutralidad".

"Hoy podemos enviar a los españoles un mensaje claro: que la mayoría de sus representantes defiende las instituciones frente al poder, la independencia frente al control y la legalidad frente al abuso", sentenció.