Durante el debate de esta proposición no de ley, que no se votó este martes, la diputada popular Esther Muñoz instó al Gobierno a garantizar la financiación que se necesita para asegurar que las mejoras previstas en la ley “se materializan con inmediatez, con carácter retroactivo desde su entrada en vigor y en condiciones de equidad y plena accesibilidad en toda España para la totalidad de los afectados”.

Muñoz leyó varios mensajes de afectados por ELA sobre las dificultades a las que se enfrentan en su día a día, con el único apoyo “físico y económico de sus familias”. “¿Se imaginan ustedes lo que significa que tu vida dependa de la economía de tu familia?”, preguntó a los diputados.

MOTIVOS

En su exposición de motivos, el texto alude al ‘Estudio de costes de la ELA para las familias en España’, elaborado por la Fundación Luzón y publicado en octubre de 2024. Según sus conclusiones, los costes directos que actualmente asumen las familias de los enfermos oscilan "entre los 184 millones y los 230 millones de euros", de modo que “requieren una financiación específica".

La ley 3/2024 “fue aprobada por unanimidad”, apuntó Muñoz, pero “¿qué sentido tiene si no se le garantiza financiación?”. Por tanto, y “atendiendo a las necesidades planteadas desde organizaciones como la ‘Confederación Nacional de Entidades de ELA’ (ConELA) o la ‘Asociación Española de ELA’, el PP registró una proposición no de ley relativa a garantizar la dotación adecuada de recursos para asegurar el pleno cumplimiento de dicha Ley.

Tal propuesta también salió adelante en el Congreso, pero siete meses después de la publicación de la ley en el BOE, “seguimos sin Presupuestos y sin dotación” para la norma. A juicio de esta diputada, la disposición adicional cuarta de la ley “deja claro” que es la Administración General del Estado (AGE) la encargada de asumir su financiación, ya que remite a los artículos 9 y 32 de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal y atención a la Dependencia.

Por ello, Muñoz rechazó que deban ser las comunidades autónomas las que asuman la financiación de la ley, puesto que los citados artículos apuntan a la AGE como “responsable de dicho nivel de financiación”.

FALTA DE FALTA DE VOLUNTAD

Por parte de Vox, María de la Cabeza Ruiz criticó que cada día tres enfermos de ELA mueren sin recibir la atención que necesitan. Suman un total de 600 desde la aprobación de esta ley. En su opinión, “es normal que un Gobierno que no está comprometido con la vida desde su inicio les falle así a los pacientes” de este tipo de patologías, que se ven abocados a “la eutanasia”.

También avanzaron su voto afirmativo a la propuesta popular Noemí Santana, de Podemos, y Jordi salvador, de Esquerra Republicana de Cataluña. Para la primera, “no se trata de una falta de recursos, sino de una ausencia de voluntad política”, porque “para aumentar el gasto en defensa y cumplir los compromisos otanistas, siempre hay dinero”.

Por su parte, Salvador afeó al Gobierno que “utilice la ausencia de Presupuestos generales como excusa”, porque “su deber es presentarlos y luego, que cada grupo vote lo que estime oportuno”. “Sabemos que a la derecha y a la extrema derecha no les importa el padecimiento de los pacientes, pero el Gobierno sí puede encontrar financiación para esta norma, valoró.

La diputada de Junts per Catalunya Pilar Calvo criticó que “siete meses después de publicar la ley, no hay recursos para aplicarla”. “Para ello se necesitan 230 millones de euros”, prosiguió, pero es que “ni siquiera se dispone de los 46 millones necesarios a fin de asegurar la atención especializada 24 horas que requieren los pacientes en el final de sus días”. “La partida más urgente, estos 46 millones, es el 0,45% del nuevo gasto de defensa, es el 0,32% de las ayudas para paliar los aranceles de Trump”, subrayó.

Alberto Higueras (UPN), Cristina Valido (Coalición Canaria), Nestor Rego (BNGA) y Merche Fullaondo (Bildu) exigieron también al Estado que aporte la financiación que la ley necesita.

ENMIENDA

Por parte del PSOE, la diputada Inés Plaza presentó una enmienda que insta al Gobierno a seguir desarrollando y desplegando la ley y avanzando en la elaboración de listado de enfermedades que se incluirán en la norma”. Defendió que “el Ejecutivo de Pedro Sánchez “aprobó una ley justa y sensata", con un plazo de un año para su desarrollo, que ya ha comenzado. "¿Qué ha hecho el PP en siete años que estuvo en el Gobierno por los enfermos de ELA? Absolutamente nada”, se contestó.

Rafael Cofiño, de Sumar, aseguró que “sí se han habilitado fondos y partidas excepcionales” para desarrollar la 'ley ELA', en referencia al reciente anuncio del ministerio de Sanidad. Además, destacó que mientras algunas comunidades “están muy avanzadas" en el reconocimiento urgente de la dependencia y automático del 33% de discapacidad, otras "aún no han empezado”.

El portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, consideró sin embargo que “la enmienda del PSOE es una patada hacia adelante”, y que “cada administración debe asumir sus competencias”.