Durante su intervención, que tuvo lugar en una audiencia titulada ‘Prácticas perjudiciales en la UE hacia mujeres y niñas con discapacidad’ y que se celebró esta semana en Bruselas, organizada por el Comité de Empleo y Asuntos Económicos y el de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, Ana Peláez también reclamó que los estados miembros se atengan a las diferentes convenciones de Naciones Unidas que han ratificado, como la de Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), de las Mujeres (CEDAW) o de los Derechos del Niño.

Peláez recordó que se debe tipificar como delito la esterilización forzada que s"iguen sufriendo las mujeres y niñas con discapacidad en algunas ocasiones como medida de protección ante agresiones sexuales, embarazos no deseados o violaciones” porque acaba exponiéndolas a agresiones, estableciendo medios de prevención, protección y recuperación a las víctimas para combatir la impunidad de estas prácticas nocivas, y de rendición de cuentas.

Asimismo, demandó que las incluyan de forma efectiva en el desarrollo de las políticas y legislación que les afecten, más allá de la relacionada con la violencia a la que se ven expuestas, y subrayó la necesidad de establecer un contrato social entre la Unión Europea, los Estados miembros y las mujeres y niñas con discapacidad, con el objetivo de que recuperen la confianza en las instituciones europeas y sus Estados.

En su intervención, Peláez recordó que las mujeres y niñas con discapacidad se encuentran en una situación mucho más desfavorable que el resto de las mujeres y que los hombres con discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, el enriquecimiento y la salud, aunque ha denunciado que “es ahora cuando podemos aproximarnos a estos datos porque, hasta ahora, no había datos desagregados por sexo en los análisis por discapacidad”.

De hecho, según manifestó, continúan sin existir datos al respecto, pues los más cercanos son los que tienen que ver con “limitaciones físicas para la vida diaria siempre que se deban a problemas de salud” en la última ‘Encuesta Europea de Violencia de Género’, correspondiente a 2022.

Recordó que un 32,7% de mujeres españolas con discapacidad han sufrido violencia física o sexual en la pareja; y que el 48,5 % la han sufrido de carácter psicológico; al tiempo que denunció que el 33% han sufrido una agresión de carácter físico o psicológico por parte de un miembro de su unidad familiar, según la ‘Macroencuesta de Violencia contra la Mujer’ del año 2019. “Esto significa que una de cada tres mujeres con discapacidad en España no vive en un lugar seguro”, ha lamentado.

Durante su intervención, además, Peláez incidió en otras cuestiones acuciantes que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, como la falta de reconocimiento del trabajo informal de cuidados que realizan, o las que respectan a su salud sexual y reproductiva, como su expulsión de la educación ordinaria cuando empiezan a menstruar, y su consecuente derivación a centros de educación especial; o las relacionadas con el parto, cuando a la mayoría les obligan a sufrir una cesárea en favor de “la comodidad del personal médico”. Asimismo, denunció la falta de accesibilidad y de formación en materia de discapacidad en los centros especializados en víctimas de violencia de género, lo que acaba derivando sus casos a los centros ordinarios; y ha lamentado la falta de información sobre el acceso a recursos ginecológicos y obstétricos para mujeres con discapacidad.

Por todo ello, insistió en la importancia de que el año 2025 sea el Año Europeo de las Mujeres con Discapacidad como una forma de dar a conocer sus derechos y libertades fundamentales, y darles una posibilidad de avance en “este retroceso agravado que sufren por ser mujeres y niñas y por tener discapacidad”.

“Debe garantizarse la rendición de cuentas de la Unión Europea y sus estados miembros porque, hoy por hoy, la esterilización forzada contra las mujeres y niñas con discapacidad sigue produciéndose sin que nadie lo denuncie”, concluyó.