Así lo dijo en un videomensaje en el que pidió alegrarse por quienes se beneficiarán de él, "muchas personas que estaban ya trabajando y no podrían siquiera cotizar con sus impuestos al bien común".

Según Argüello, también arzobispo de Valladolid, el decreto aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros "viene a solucionar una situación que tantos municipios de España se mostraba ya como extraordinaria dificultad: personas trabajando, acudiendo a los servicios públicos, a los servicios sociales, a los colegios y encontrándose con este muro de la falta de legalización". "Es reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común", indicó.

No obstante, el presidente del Episcopado indicó que "ciertamente" este decreto "podría haberse firmado hace meses", en línea con lo que promovieron decenas de organizaciones que promovieron una iniciativa legislativa popular para pedir la regularización, "tanto en el Congreso de los Diputados como a la administración". "Es ahora quizás porque haya momento de oportunidad política que lo favorezca", indicó.

Para el prelado, el real decreto supone también "el reconocimiento" para la "salud democrática" de la importancia que tienen las iniciativas de la "sociedad organizada", pues esta regularización está respaldada por organizaciones eclesiales y "grupos de otros ámbitos, de otras formas de vivir y de pensar".

"El desafío de la integración de los inmigrantes continúa, los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa, y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea", zanjó el presidente del Episcopado.