Según Eguiagaray, esta ley deberá comprender la desidentificación del Gobierno con el Consejo de Ministros, el deslinde de las funciones políticas y dministrativas del Ejecutivo, la vinculación de la Administración a los programas de gobierno y la regulación del Estatuto de los miembros del Gabinete.

Otros proyectos de ley que Eguiagaray someterá en breve al Gobierno y que, a su juicio, son necesarios para la modernización de la Administración son los que hacen referencia al nuevo régimen jurídico de las Administraciones públicas y al desarrollo del artículo 18.4 de la Constitución, que trata sobre la protección de los datos personales en su trataiento automatizado.

En cuanto a la primera de estas dos leyes, explicó que deberá regular el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, el procedimiento administrativo común a todas ellas y su responsabilidad patrimonial.

La ley de desarrollo del artículo 18.4 deberá garantizar legalmente, según Eguiagaray, el honor y la intimidad personal y familiar de todos los residentes en el territorio español y el pleno ejercicio de sus derechos frente al tratamiento informático de datos personales. A juicio del ministro, las nuevas leyes "permitirán pasar de un marco jurídico de la Administración pensado para controlar a los ciudadanos administrados, a un marco jurídico de una Administración puesta al servicio de los ciudadanos". Además, añadió, aligerarán los procedimientos administrativos, evitando que algunos derechos de las personas queden vacíos de contenido.

"PACTO AUTONOMICO"

El titular del ministerio para las Administraciones Públicas se refirió también al denominado "pacto autonóico" y resaltó su deseo de profundizar en el desarrollo del Estado de las Autonomías y potenciar el papel institucional de los organismos locales. Para ello, pidió la coordinación y colaboración de todas las administraciones.

Eguiagaray no quiso anticipar las propuestas del Gobierno en relación a ese pacto, ya que no le parece oportuno hacerlo antes del 26 de mayo, día en que se celebrarán las elecciones autonómicas.

Precisó que el pacto respetará el derecho a la diferencia de las comunidades autnomas, pero haciéndolo compatible con el principio de no discriminación y con un funcionamiento ordenado de las distintas administraciones.

También se refirió a la negociación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, ya que el acuerdo de 1986 en esta materia finaliza este año, y dijo que la cuestión de la suficiencia de los recursos ya no debe ser un punto central en la discusión.

Según Eguiagaray, la capacidad de gasto del conjunto de las comunidades se sitúa en 5,5 billons de pesetas, lo que supone el 22 por ciento del gasto consolidado de todas las administraciones públicas, y su capacidad de inversión real es casi la misma que la del Estado. Agregó que la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas sobrepasa el medio billón de pesetas.

Para el ministro, hay que dar una mayor autonomía a las comunidades en su capacidad de gasto y aumentar su corresponsabilidad fiscal, con el fin de que los ciudadanos evalúen mejor la relación entre los impuestos que pagana cada administración y los servicios que les prestan.

FORMACION DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

En opinión del ministro, la política de recursos humanos es la pieza fundamental del proceso de modernización. Resaltó la necesidad de motivar a los empleados públicos, estableciendo distintos sistemas de carrera profesional y retribuciones según las funciones que desempeñen.

También hizo hincapié en la necesidad de incrementar la formación de los empleados públicos. Según Eguiagaray, su ministerio invertrá este año 19.000 millones de pesetas en planes de formación para el personal de la Administración.

Eguiagaray reconoció que hay numerosos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración que deben transformarse y modernizarse para mejorar la gestión y la calidad de los servicios públicos.

Entre los cambios que el ministro potenciará figura la constitución de módulos administrativos para flexibilizar la organización de los organismos públicos, como los puestos en marcha en Corres y Telégrafos, y que están a punto de iniciarse en el Consejo Superior de Deportes y en el Instituto Nacional de Meteorología.