El departamento dirigido por José Borrell estima en 3,6 billones de pesetas la cantidad necesaria para hacer viables las directrices contempladas en este plan.

El Consejo de Ministros introducirá las variaciones que considere oportunas en el borrador delplan para remitirlo al Consejo Nacional del Agua, compuesto por regantes, eléctricas, comunidades autónomas, ayuntamientos y diversos sectores interesados en la gestión del agua.

El Consejo Nacional del Agua presentará, a su vez, las alegaciones pertinentes al texto remitido por el Gobierno y en un plazo no superior a dos meses las enviará al Consejo de Ministros, que estudiará la conveniencia o no de introducirlas en el plan.

Posteriormente, el Gobierno llevará el texto resultante al Parlamento,encargado de su aprobación. José Borrell ha expresado reiteradamente que la próxima primavera podría estar aprobado.

Sin embargo, el Partido Popular (PP) ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de que ello sea posible, dada la importante cantidad de trámites administrativos que requiere el proceso.

Antes de que el Consejo de Ministros inicie el debate, el Plan Hidrológico Nacional ya ha recibido las criticas de diversos grupos de la oposición, algunas comunidades autónomas, varios sectores ecnómicos y los grupos ecologistas.

Algunas de estas críticas hacen referencia a la posible creación de 600.000 nuevas hectáreas de regadío, ya que el 80 por ciento del consumo de agua en España lo absorbe la agricultura.

Sin embargo, Vicente Albero, secretario de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente, negó hoy que esta previsión sea desmesurada y añadió que lo importante es garantizar la supervivencia de los 3,1 millones de hectáreas que existen en la actualidad.

Albero matiz que las 600.000 hectáreas son fruto de una previsión "a la alta" sobre la ampliación que la superficie dedicada a regadío puede experimentar durante los próximos 20 años.