Para hacer efectiva esta obligación, se podrá seguir alguna de las siguientes opciones: contribuir económicamente a los Sistemas Públicos de Gestión; establecer su propio Sistema de Gestión Individual; participar en un Sistema Integrado de Gestión o establecer un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de las pilas, acumuladores y baterías usadas que se hayan puesto en el mercado, con especial mención a las pilas que contengan residuos peligrosos.

Además, por primera vez se fijan unos índices mínimos de recogida de residuos de pilas y acumuladores portátiles: el 25%para 2011 y el 45% para 2015.

Este decreto también incorpora la Directiva de 2006, que prohíbe la comercialización de pilas y acumuladores que contengan ciertas cantidades de mercurio o de cadmio.

En España, se venden aproximadamente 400 millones de unidades de pilas y acumuladores portátiles al año, lo que supone alrededor de 15.000 toneladas. Sólo se recoge un 18% de esta cantidad.