Así lo apuntó durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda, en la que valoró la Proposición de Ley del Grupo Popular sobre medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda.

El presidente de la APCE señaló que España acumula casi una década sin aprobar una reforma con amplio consenso técnico que facilite el desarrollo de suelo y nuevas promociones. “Es difícil encontrar otras reformas legislativas con un consenso técnico tan amplio; el problema es que el sistema político español ha sido incapaz de convertir este consenso en una mayoría parlamentaria”, indicó.

Vilajoana subrayó que esta situación contrasta con la necesidad de aumentar la oferta residencial, al existir “una contradicción evidente” entre la demanda de más vivienda y los mecanismos actuales que dificultan su desarrollo.

En este sentido, advirtió de que la anulación de planeamientos urbanísticos supone retrasos de años, inversión desaprovechada y viviendas que no llegan al mercado, en un contexto de creciente dificultad de acceso.

El presidente de APCE destacó además que este problema no responde a una cuestión técnica, sino a la falta de acuerdo político, lo que está afectando a la capacidad de las administraciones para planificar y desarrollar nuevas actuaciones urbanísticas.

Asimismo, señaló que el sistema actual genera inseguridad jurídica, al permitir la anulación completa de planes por defectos formales, lo que obliga a reiniciar procesos que pueden prolongarse durante años. “Cuando un planeamiento urbanístico desaparece tras más de una década de trabajo, no fracasa solo un documento, fracasa una política pública entera”, explicó.

Además, defendió que la reforma no busca introducir mayor flexibilidad frente a la ilegalidad, sino aplicar criterios de proporcionalidad ya presentes en el procedimiento administrativo general. “No estamos pidiendo permisividad, estamos pidiendo proporcionalidad en las consecuencias jurídicas”, comentó.

Vilajoana hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios para evitar que la reforma vuelva a quedar bloqueada, al considerar que se trata de una medida necesaria para facilitar el desarrollo de vivienda y mejorar la gestión del territorio.

CAMBIO LEY DEL SUELO

La reforma de la Ley del Suelo es una reclamación histórica del sector inmobiliario. La norma presentada por el PP avanzó en su tramitación el pasado mes de abril gracias al apoyo de Vox y Junts.

Es la tercera vez en esta legislatura que se trata de cambiar esta norma. La primera se produjo en el primer de semestre de 2024, cuando el proyecto normativo iba a enfrentarse al debate de totalidad. Al constatar el Gobierno que no tendría apoyos para superar el debate, prefirió retirar el texto.

La segunda fue el pasado 2025, cuando el Congreso tumbó la toma en consideración de una modificación de la norma presentada por el PNV y apoyada por el PSOE.