Tras exigir a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que derogue la orden de subida de los módulos de las viviendas públicas que supondrá que estos pisos incrementen su precio entre el 25% y el 30% y que los ya adjudicados queden al margen de este incremento, explicó que estas80.000 familias verán incrementado el precio inicial de su piso y les ofreció "apoyo y trabajo institucional, presión social, si es necesaria, y judicial".

De esas 80.000 viviendas ya desarrolladas, 3.000 corresponden a Alcalá de Henares, 8.000 a Alcorcón, 12.000 a Getafe, 8.000 a Móstoles y unas 50.000 a la capital.

Gómez aseguró que están familias, tras la subida aprobada por Aguirre, no podrán hacer frente al "fuerte incremento" de los precios y añadió que "vamos a defender sus intereses".

Agregó que los servicios jurídicos del PSM "están preparando la demanda que se va a interponer" contra la orden de subidas de los módulos que sirven para fijar los precios de los pisos públicos.

Tras afirmar que "no es la primera vez que ganamos a Aguirre en un proceso de las mismas características", explicó que en 2004 "fuimos a los tribunales para que diese un paso atrás y mantuviese los precios de viviendas públicas en promociones de Parla".

Informó de que, en aquella ocasión, fue el Ayuntamiento de Parla, del que es alcalde, el que demandó a la Comunidad y explicó que, al final, "Aguirre tuvo que modificar la subida de precios excluyendo las promociones que eran previas a la publicación de la orden".

Dijo que Aguirre "pasará a la historia como la presidenta que más ha subido el precio vivienda pública" y destacó que, desde que gobierna, se ha incrementado más de un 50%.

Además de calificar esta orden de "medida agresiva", indicó que la decisión del Gobierno regional supondrá también que el alquiler de viviendas públicas tendrá un incremento de 200 euros, un 55% más que antes de la subida aprobada el 1 de abril por la Comunidad de Madrid.

En la rueda de prensa estuvo presente el alcalde de Getafe y presidente de la FEMP, Pedro Castro, quien explicó en nombre de todos los ayuntamientos españoles firmó un convenio con la Asociación de Promotores y Constructores de España, que agrupa a más 5.700 empresas y depende de CEOE, con promotores de la vivienda pública y con los secretario generales de UGT y CCOO.

El objetivo del mismo es afrontar las dificultades del sector, con la puesta en disposición de los promotores suelo para 200.000viviendas públicos, por parte de los ayuntamientos españoles.

Explicó que, si los municipios cumplen, los promotores y constructores se comprometen a mantener su plena actividad y el pleno empleo.

Castro afirmó que "nos ha sorprendido" la subida del modulo de vivienda de la Comunidad de Madrid", porque "provoca que la vivienda mas cara de protección oficial esté en el límite del precio de los pisos construidos por la iniciativa privada.

"Estamos estudiando cómo hacemos para que -Aguirre- retire esa orden que pone en serias dificultades el convenio firmado", concluyó.