Esta denuncia fue el colofón de una polémica iniciada el pasado viernes, cuando la presidenta de la Cámara, en virtud de la facultad que la Mesa delega en ella para admitir o rechazar preguntas, rechazó dos de las presentadas por el Grupo Socialista.

En estas preguntas, los socialistas se interesaban por la opinión del Gobierno sobre la intención de la empresa Altadis de cerrar una factoría en Asturias, y acerca de las declaraciones del presidente de la Xunta de Gaicia, Manuel Fraga, sobre el "caso Pinochet" y la actitud de los fiscales españoles.

Luisa Fernanda Rudi rechazó estas preguntas y pidió a los socialistas que reformularan su redacción. El Grupo Socialista optó por presentar en el Registro un escrito pidiendo la reconsideración de esta decisión.

La polémica estalló en la reunión de hoy de la Mesa, donde los socialistas suscitaron un debate de fondo sobre el modo de formular las preguntas que se dirigen el Gobierno.

La presidenta y los epresentantes de la mayoría parlamentaria en la Mesa argumentaron que el Ejecutivo no está obligado a responder preguntas que, como éstas, se refieren a las actividades de una empresa privada o a instituciones que no dependen del Gobierno.

Por el contrario, los representantes socialistas sostuvieron que esta empresa continúa sometida al régimen de autorización administrativa y, por tanto, el Gobierno conserva cierta capacidad de influencia sobre ella. Además, recordaron la existencia de numerosos prcedentes de pronunciamientos del Ejecutivo acerca de cuestiones similares.

"LA MAYORIA SE EJERCE"

En opinión de la vicepresidenta segunda de la Cámara, la socialista Amparo Rubiales, esta actitud demuestra que "la mayoría absoluta se ejerce y la vamos a ir sintiendo poco a poco. Esto no ha hecho más que comenzar, y promete continuar".

A la vista del debate suscitado, la Junta de Portavoces de la Cámara decidió dejar en suspenso en escrito presentado por los socialistas para que la president reconsidere su rechazo a estas preguntas, y aplazaron la decisión hasta la próxima semana.

Después de la reunión de la Junta, Luis Martínez Noval centró su rueda de prensa en la enumeración de todos estos hechos, y anunció que su Grupo se planteará recurrir al Tribunal Constitucional si esta petición es de nuevo rechazada.

Por su parte, el portavoz adjunto de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, denunció la labor de "zapa" que el Gobierno está acometiendo sobre las facultades de la oposición, y ecordó que el Congreso ha debatido incluso proposiciones no de ley que hacían referencia a empresas privadas.

RESPUESTA DEL PP

Apenas unos minutos después compareció en rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, que juzgó "inaceptables y excesivas" las descalificaciones contra Rudi, y las atribuyó a la actual incapacidad del PSOE para hacer en este momento una oposición "racional".

De Grandes dijo a los socialistas que, si realmente quieren conocer el fondo de la cuestin, tienen la posibilidad de reformular la pregunta de modo distinto, evitando redacciones que son habitualmente rechazadas por la Mesa.

Los socialistas aprovecharon esta denuncia para incluir en ella el rechazo a su petición de que las comparecencias del ministro portavoz, Pío Cabanillas, se celebren en la Comisión Constitucional y no en la de Administraciones Públicas, como está previsto.

De Grandes recordó que, cuando el ministro portavoz tiene cartera o es secretario de Estado de Comunicacón y, en consecuencia, está adscrito al Ministerio de Presidencia, debe comparecer en la Comisión Constitucional, como era el caso de los anteriores portavoces del Gobierno del PP.

Sin embargo, Pío Cabanillas es ministro sin cartera y, por tanto, explicó, su comparecencia debe celebrarse en la Comisión de Administraciones Públicas. De Grandes subrayó, como ejemplo, que éste era el caso de la portavoz gubernamental socialista Rosa Conde, cuya situación en el Gabinete era "idéntica" a la de Cabanillas