Según el auto judicial conocido este jueves, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha admitido la personación del PSOE sin exigirle la presentación de querella ni fianza, al considerar que el procedimiento "se ha desarrollado lo suficiente como para considerar que el ejercicio de la acción popular no es abusiva ni fraudulenta".

El magistrado fundamenta en su resolución que el derecho a ejercer la acción popular está reconocido en el artículo 125 de la Constitución, aunque precisa que no es un derecho fundamental, sino "de configuración legal", como reitera el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El juez Rus señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que la querella "sólo es exigible cuando mediante tal acto se inicia el procedimiento", pero no cuando la personación se produce en una causa ya iniciada, como ocurre en este caso.

La resolución también argumenta que la prestación de fianza tampoco es necesaria, ya que el procedimiento "ha avanzado lo suficiente" como para determinar las responsabilidades penales y civiles, al menos de forma indiciaria.

PRESUNTOS FAVORES A EMPRESAS

La personación del PSOE le permitirá ejercer como acción popular en la causa respecto a la cual se levantó el secreto el pasado 16 de julio. Ese día, el instructor dictó un auto sobre la investigación mantenida en secreto durante siete años, que implica también a seis empresas por delitos como cohecho, fraude, prevaricación y corrupción en los negocios.

El caso investiga si Montoro, desde su cargo en Hacienda, creó una red de influencias para impulsar cambios normativos que beneficiaron a empresas clientes del despacho de abogados Equipo Económico, fundado por él mismo.

La causa se inició en 2018 tras el hallazgo de correos electrónicos de 2013 que destaparon la presunta trama, aunque el secreto de sumario se mantuvo hasta el pasado 16 de julio, cuando se hizo pública la imputación de Montoro y el resto de investigados.

El auto sostiene que el exministro habría utilizado su cargo para favorecer mediante cambios legislativos a empresas gasísticas que eran clientes del despacho que él mismo fundó, Equipo Económico.