La propuesta del PP solicitaba que los oficiales de los tres ejércitos pudieran elegir entre integrarse en las correspondientes escalas medias por aplicación de la disposición sexta de la ley o continuar en las escalas de procedencia, con los mismos derechos y obligaciones.

Asimismo, los populares proponían que el personal de las ecalas cerradas de los cuerpos de suboficiales que entran a formar parte de la escala básica del Cuerpo General de las armas del Ejército de Tierra y los del Cuerpo Auxiliar de Especialistas pudieran optar por continuar en sus respectivas escalas cerradas básicas del Cuerpo General de las Armas o del Cuerpo de Especialistas.

El diputado popular Gabriel Elorriaga señaló que las proposiciones de ley presentadas por su grupo proponían una "modificación moderada" de la legislación actual, que, aseguró, "detruye las expectativas de promoción de algunos militares".

Para Elorriaga, la actual Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional "ha producido gran descontento entre el personal de las escalas especiales, al integrarles en las escalas medias, por estimar que no se han respetado sus derechos adquiridos, sobre todo en lo referente a ascensos, edad de pase a la reserva y años de permanencia en el empleo".

INCONSTITUCIONALIDAD

Las críticas más duras a la actual legislación partierondel diputado de IU-Iniciativa per Catalunya (IU-IC) Antonio Romero, que calificó de "inconstitucionales" algunos apartados de la norma.

Romero dijo que "es increíble que 1.700 ó 1.800 oficiales se queden sin ascender cuando han aprobado los cursos correspondientes para ello" y reconoció que su grupo apoyaba las proposiciones de ley de los populares a pesar de "no estar de acuerdo con todo su alcance".

En los mismos términos se expresó el diputado del CDS José Antonio Santos, quien resaltó la convniencia de realizar modificaciones parciales en la actual legislación, "para evitar daños irreparables".

Por su parte, el Grupo Parlamentario Catalán también apoyó la iniciativa del PP. Manuel Ferret, diputado de Convergència i Unió (CiU), manifestó que la ley vigente "vulnera, en muchas ocasiones, derechos ya adquiridos".

Estas opiniones no fueron compartidas por el diputado del PSOE Francisco Contreras, que rechazó las críticas a la ley aprobada en 1989 y acusó al PP de promover una propuesta qe introduce "vacíos legales importantes" en la actual legislación.