Las diputadas socialistas preguntan al Gobierno si conoce este tipo de actividades, qué medidas ha adoptado para verificar y asegurar el correcto funcionamiento legal y el adecuado empleo de los recursos que obtienen bajo la cobertura de supuestas fundaciones de utilidad pública; si estas actividades están reconocidas en la legislación vigente, respetan los derechos de los vendedores y posibilitan su integración social; si ha emprendido laFiscalía o alguna otra institución del Estado alguna investigación; y qué se hace para evitar la utilización de menores.

La venta de periódicos por parte de colectivos de marginados se ha convertido en "un importante fenómeno social y un lucrativo negocio que plantea numerosos interrogantes sobre esta actividad, la responsabilidad que se deriva de la utilización de marginados, los ingresos que genera y el destino final de los recursos obtenidos por esta poderosa maquinaria que no sólo se extiende en tda España, sino que tiene sus ramificaciones en otros países europeos", afirman Leire Pajín y Juana Serna.

Las parlamentarias del PSOE denuncian el funcionamiento de esta "prensa de la caridad, que basa su éxito y su expansión en la utilización despiadada de marginados y excluidos que se colocan así como trabajadores en la mayor de las precariedades posibles, sin posibilidad ninguna de averiguar sobre los recursos que generan".

"Es habitual la utilización de niños, se ha constatado que estas emprsas editoras desplazan a grupos marginados de unas ciudades a otras para aumentar las ventas y no se conoce actividad asistencial de ningún tipo hacia los marginados que con la venta de periódicos sustentan estas empresas, muchas de las cuales han protagonizado presuntamente delitos como el robo, la falsificación, la apropiación indebida o las amenazas a los vendedores", sentenciaron.

Los socialistas se preguntan cómo puede el Gobierno permanecer impasible ante estos hechos que afectan sobre todo a grpos de marginados y excluidos, mientras proliferan las empresas editoras y los beneficios que generan.

"Parece que el Gobierno pretende santificar una supuesta libertad de mercado favoreciendo negocios tan dudosos, aunque se basen en la utilización de personas débiles y desprotegidas a la que se deja como único recursos la caridad de los ciudadanos", concluyeron.