Junts explicó este miércoles que ambos partidos acordaron la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ponía “en peligro” la viabilidad de la amnistía, así como la reforma de la ley de sociedades de capitales mediante el Consejo de Ministros “para revertir el real decreto del PP el 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña”.

En una primera comunicación, no concretaron de qué forma tendrá lugar esa vuelta de las empresas. Es decir, no explican si se hará mediante incentivos fiscales, como proponían los de Puigdemont. Tampoco se habla de si habrá sanciones para aquellas empresas que no quieran volver, tal y como también propuso Junts. Se trata de medidas con las que se ha amagado estos días y que la patronal CEOE ha rechazado, si bien la comunicación de Junts no da detalles. También ha mostrado su rechazo la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Con este acuerdo se materializaría el alcanzado para la investidura de Pedro Sánchez, en el que se señalaba que “también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.

Asimismo, Junts per Catalunya explica también en su nota que se abstuvo en las votaciones después de pactar “la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución a través de una ley orgánica específica para Cataluña”.

En este sentido, Junts explica que la delegación de esta competencia irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral para que sean el Govern y el Parlament los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de “nuestro país”.

IVA DEL ACEITE AL 0%

Otros temas acordados, según apunta Junts en la nota, es que el aceite pasará a tener un IVA del 0% frente al 5% que recoge el decreto anticrisis que hoy quedó en suspenso hasta una nueva votación tras el empate, la publicación inmediata de los datos oficiales para calcular los balances fiscales y que se multiplican por cinco el dinero previsto para la digitalización de la Administración de Justicia, en concreto, pasan de 1,2 millones de euro a 6,2 millones.

Asimismo, Junts explica que el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público y se reconocen “los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local”.