El objetivo de esta subcomisión es examinar, con todos los grupos políticos y expertos en la materia, un conjunto de medidas para analizar y frenar el “incremento de los discursos de señalamiento y odio contra grupos en situación de vulnerabilidad, así como sus consecuencias sobre las personas, sobre determinados colectivos y sobre toda la sociedad”, señaló.

En concreto, la exposición de motivos que acompaña a la petición subraya que, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron un total de 1.869 infracciones penales e incidentes de odio en 2022, lo que supuso un incremento del 3,7% respecto a 2021, según el informe sobre la evolución de los delitos de odio en España.

Los delitos de odio más numerosos son por racismo y xenofobia; en segundo lugar, por orientación sexual e identidad de género; y en tercero, los delitos por cuestiones de ideología.

Ante esta situación, el documento detalla que las diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos, junto a los sindicatos nacionales más representativos, solicitaron a las fuerzas políticas que “impulsen un acuerdo institucional en contra de este tipo de delitos”.

Por ello, el PSOE incide en que el motivo principal que los llevó a pedir la creación de esta subcomisión es “la gran preocupación social surgida por el incremento de estos señalamientos” y, además, retiraron que su finalidad es “frenar esta lacra y sus consecuencias en los ámbitos sociales y personales”.

Los socialistas, tras pedir la constitución de dicha subcomisión, detallaron que, después de la celebración de un conjunto de comparecencias de expertos, la comisión elaborará y aprobará un informe en un plazo máximo de seis meses, para abordar estos comportamientos y las posibles herramientas y medidas de protección a las víctimas.