Este es el objetivo de una proposición no de ley registrada en la Cámara baja, para ser debatida en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.

En primer lugar, la iniciativa pide al Gobierno identificar “brechas en las normas y políticas educativas del ámbito universitario que impiden que el estudiantado con discapacidad alcance este nivel educativo y transite en él de manera inclusiva y con parámetros de calidad”.

También apuesta por promover una reforma de aquellas leyes y reglamentos del ámbito universitario que sean contrarios a la normativa sobre discapacidad y a la educación inclusiva.

En su exposición de motivos, la proposición subraya que, pese al aumento de estudiantes con discapacidad, las magnitudes de la presencia de estas personas en el sistema educativo universitario están lejos de ser satisfactorias.

"PRIORIDAD ABSOLUTA"

Para solventarlo, pide al Gobierno que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, analice cómo se encuentra el derecho a la educación inclusiva en el ámbito universitario y su compatibilidad con instrumentos internacionales, sobre todo “con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas”.

“Hacer realidad una universidad y enseñanza superior inclusivas con las personas con discapacidad es una prioridad absoluta”, y sostiene que “Esto no puede lograrse sin sólidos marcos legales y políticos nacionales que sienten las bases y las condiciones para la implantación y la sostenibilidad de un sistema educativo universitario inclusivo y de buena calidad para este grupo social”.

De ahí la pertinencia de “una propuesta de reforma normativa, legal y reglamentaria, que supondrá una revisión exhaustiva de todos los aspectos regulatorios universitarios que guardan relación relevante con las personas con discapacidad”.

CAMBIO DE TERMINOLOGÍA

Con este fin, el grupo socialista propone “una aproximación a la comunidad universitaria con discapacidad en términos estadísticos”, así como obtener información cualitativa sobre su grado de inclusión. A su vez, describir las barreras y esferas críticas para su inclusión en la universidad.

A su juicio, también convendría elaborar un marco general referencial de la educación inclusiva universitaria y centrar su atención en el específico marco normativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030.

Por último, reclama “adaptar la normativa educativa en general, y la universitaria en concreto, a las exigencias legales en el ámbito de la discapacidad”.

Esto incluye “la terminología utilizada, pues se ha detectado el uso de expresiones como diversidad funcional, necesidades especiales, capacidades diferentes u otras similares que no están validadas ni son admisibles por contrariar la perspectiva inclusiva y de derechos humanos en la que se funda la discapacidad”, concluye el texto.