El partido del Gobierno propone añadir a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social este nuevo supuesto como caso de infracción muy grave, que hasta ahora estaba tipificado como infracción grave.

También propone modificar la Ley General de Subvenciones para añadir que queden excluidas del acceso a subvenciones las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por ese incumplimiento de la cuota de reserva.

El grupo socialista expone que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoció su derecho a trabajar en igualdad de condiciones así como la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de las personas con discapacidad en condiciones de libertad e igualdad, reformada en 2024.

En España, la cuota de reserva en el empleo para personas con discapacidad está establecida en un 2% en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y afecta a las empresas que empleen al menos a 50 personas. Su incumplimiento se considera una infracción grave que, a juicio de este grupo, “resulta insuficiente” para lograr que se cumpla de manera efectiva con la cuota de empleo.

El grupo socialista considera “esencial” endurecer la calificación de la infracción y que se excluya del acceso a subvenciones a los sancionados para que "el empresariado en particular tome una mayor conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento y desarrollo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, de manera específica, de los beneficios que tiene para toda la ciudadanía conseguir la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad".

Para reforzar ese objetivo, la iniciativa también incluye que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará, durante los próximos tres años, renovables por períodos iguales, campañas específicas dirigidas a verificar el cumplimiento de la obligación legal de reserva, confeccionando informes y balances en los que consten los resultados, y las administraciones públicas llevarán a cabo campañas informativas para concienciar sobre la importancia de avanzar en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, con especial atención a la reserva de puestos de trabajo para ellas en las empresas.